La República Dominicana impulsará los planes de capacitación del sistema judicial contra violaciones a las regulaciones de competencia por parte de industrias, empresas y negocios, desde su recién electa posición de presidenta del Centro Regional de Competencia para América Latina y el Caribe (CRC).
El anuncio lo hizo la presidenta de Pro Competencia, Michelle Cohen, representante del país en la presidencia del Centro, que reúne a autoridades de organismos similares de quince países del cono sur, de la región andina, de Suramérica, de Centroamérica, del Caribe y de Norteamérica.
Entrevistada por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, explicó que el Centro apoyará la capacitación de jueces de jurisdicción ordinaria, cortes supremas y de tribunales administrativos, lo que implicará armonizar la cooperación técnica entre la matrícula de la entidad.
El Centro procura que sus agencias desarrollen sus habilidades en condiciones mejores y ayudarlas a ejecutar sus proyectos prioritarios, también apoyar a jueces a tener las capacidades para que dicten de manera más fundamentada las sentencias contra el “crimen económico” de las violaciones a las regulaciones de competencia.
Cohén informó que, en ese sentido, la entidad que preside ha creado una plataforma privada desde la cual se comparte jurisprudencia, doctrina, legislación, decisiones y resoluciones a las que tienen acceso todos los miembros, en particular para formar a su personal.
Diferenció que mientras el derecho del consumidor es social y de vocación económica, por afectar derechos individuales de los consumidores, el de competencia es regulador, también un derecho económico pero con vocación social, ya que defiende la economía nacional para que todos los recursos que la economía mueve sean mejor utilizados por los consumidores como por las propias empresas participantes del mercado.
“Con una política adecuada de competencia, los consumidores dominicanos vamos a tener productos más baratos, de mayor calidad y de mayor diversidad”, subrayó.
Cohén reveló que uno de los puntos importantes para el CRC es la competencia en compras públicas, la cual permite al fisco ahorrar una gran cantidad de recursos mediante la vigilancia del cumplimiento de acuerdos, por ser en general el estado el mayor consumidor regional.
“Al movilizarse (desde el Estado) un gran volumen de recursos, puede que los competidores sean tramposos y hasta lleguen a crear condiciones para, ante un llamado a concurso o a una licitación pública, beneficiarse (poniendo) a los otros de acompañantes para simular viabilidad”, comentó.
Advirtió que esta práctica o colusión es uno de los elementos que el derecho de la competencia procura que no tenga lugar en ninguno de los países miembros del Centro Regional de Competencia para América Latina y El Caribe, a fin de que haya una economía más competente, más vigorosa, en la que los recursos manejados por los operadores del mercado sean bien distribuidos.
Cohén subrayó que esos son resultados confirmados por décadas de aplicación de regulaciones en algunos de los países miembros del Centro, entre ellos los Estados Unidos, el primero en establecer este tipo de legislación.
“La competencia beneficia a todos los ciudadanos de todos los países, porque dentro de las políticas económicas están las monetarias y las fiscales que las limitan, razón por la que la política de competencia es una herramienta que viabiliza que los recursos de los consumidores sean maximizados y más favorecidos también los que el Estado invierte en distintos renglones, que tengan eficiencia económica”, comentó.
Citó la promoción entre los factores de una adecuada política de competencia, para que sean más eficientes las industrias, las empresas y los negocios, al participar en un mercado competitivo, con reglas de juego claras, respetando el derecho de otros a proveer los mismos bienes y servicios y evitando beneficiarse de una posición dominante en el mercado.
En las nuevas tareas del Centro la República Dominicana, que representa el bloque centroamericano, es acompañada por la Comisión Federal de Competencia Económica de México, el Instituto para la Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Perú, y por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay.
