Esto se produce cuando Puerto Rico debe disponer de 902,5 millones de dólares para cumplir con el principal y los intereses de una parte de la deuda pública de 70 mil millones de dólares.
Por Néstor Rosa-Marbrell
San Juan, 16 dic (PL) El gobierno puertorriqueño trata de asimilar hoy el duro revés que le ha asestado el Congreso de Estados Unidos al recesar sin atender sus reclamos para atender la crisis fiscal y económica.
Las intensas gestiones en las últimas semanas del gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, junto a diversos funcionarios y empresarios en Washington para paliar la crisis fiscal de esta isla del Caribe, fracasaron también.
El mandatario anidaba la esperanza, después de ingentes esfuerzos de su administración, que el Congreso aprobara en el llamado "ómnibus", que incluye aquellas medidas rezagadas durante el periodo de sesión, la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebras, que implicaba la creación de una junta federal de control fiscal.
Este organismo propuesto por los republicanos no fue aceptado por los demócratas por considerar que despojaría a Puerto Rico de sus poderes constitucionales al actuar por encima de las determinaciones del gobierno boricua.
Esto se produce cuando Puerto Rico debe disponer de 902,5 millones de dólares para cumplir con el principal y los intereses de una parte de la deuda pública de 70 mil millones de dólares.
La mayoría republicana y los demócratas no pudieron ponerse de acuerdo en el Senado sobre la petición de auxilio del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), sistema creado por Washington en 1952, con la complicidad del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), para sacar a la isla de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
El rechazo a socorrer a esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo dominio de Estados Unidos en 1898, implicará una profundización en la crisis fiscal del país, según algunos economistas, que podría llevar al cierre del gobierno en enero de 2016 por falta de liquidez.
El congresista demócrata José Serrano, de origen puertorriqueño, atribuyó la posición adoptada por los republicanos al cabildeo de los fondos buitres, que se niegan a que se reduzcan sus ganancias.
Reconoció que la desatención a este problema fiscal y económico está profundamente relacionado con el estatus de Puerto Rico, que considera debe lograr su independencia o su integración plena a Estados Unidos.
El delegado electo por Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), describió lo ocurrido en la noche del martes como "una vergüenza".
Pierluisi, quien tiene voz pero carece de voto, atribuyó este "terrible error" a la actitud de rechazo de los republicanos a que Puerto Rico reordene su deuda pública, ascendente a 70 mil millones de dólares.
"No podemos ir arrodillados a Washington", dijo Rafael Cox Alomar, quien no logró su elección como delegado ante el Congreso como compañero de boleta del gobernador García Padilla, siendo derrotado por el anexionista Pierluisi.
Recordó que, en determinados momentos, el gobierno federal de la nación norteña ha socorrido a naciones como México y Uruguay y a corporaciones como General Motors y Merrill Lynch, por lo que es incomprensible que no lo haga con Puerto Rico, a la que ha tenido maniatada por 117 años.
"Hay que exigirle a Washington que cumpla con su responsabilidad moral", subrayó Cox Alomar.
El presidente del Senado puertorriqueño, Eduardo Bhatia, aseguró al reaccionar a la decisión del Congreso federal que "tenemos enemigos poderosos y adinerados buscando exprimir hasta la última gota de sangre de nuestro pueblo".
Opinó que los fondos buitres, a los que no se refirió directamente, "han adquirido el apoyo de los republicanos allá (en Estados Unidos) y de un sector del liderato del PNP aquí (en Puerto Rico)", por lo que esgrimió la consigna originaria del PPD "vergüenza contra dinero".
Bhatia consideró una mezquindad y un acto irresponsable negarle a Puerto Rico la inclusión en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, del que se le excluyó en 1984.
"Negarle ayuda a un país que ha estado dispuesto a pelear sus guerras es una inmoralidad, los fondos buitres y sus amigos nos quieren dar en el piso, están equivocados y menosprecian la fuerza de este pueblo", dijo el líder del Senado al recordar que el gobierno lleva tres años recortando gastos y aumentando ingresos con imposiciones fiscales.
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