Resalta como parte de los golpes al narcotráfico el apresamiento de cuatro prófugos de los más buscados en el país, refleja la efectividad de la lucha contra este flagelo, siendo el último caso, el de Pacual Cordero Martínez (a) “El chino”, la pasada semana.
Santo Domingo.- El Procurador General de la República calificó el 2015 como un año potencial en el fortalecimiento de la investigación y persecución del crimen organizado en el país, puntualizando que en ese período se desmantelaron cuatro grandes estructuras del narcotráfico nacional y lavado de dinero, con ramificaciones internacionales.
Francisco Domínguez Brito explicó que operaciones realizadas en coordinación con otros organismos de seguridad del Estado, fueron apresados los principales cabecillas y otras personas involucradas en esas bandas criminales, donde se incautaron dinero en efectivo, bienes inmuebles, drogas, armas y otros objetos.
Destacó además la captura y apresamiento de cuatro de las personas más buscadas por presunto lavado de activos y narcotráfico, tales como Jonás Aquiles Castillo, del caso de Junior Pañales, Cristian Manuel Sención Maceo, caso Ferry, Cristian Vanesa Pérez Beato, caso Darío Gasolina y la última captura, la de Pascual Cordero Martínez, alías “El Chino”, todos guardando prisión preventiva en diferentes jurisdicciones del país.
En ese orden recordó el desmantelamiento de las bandas de Gregorio Vilorio Pérez, alias Darío Gasolina; Francisco Antonio Urbáez Suero (Robelín o El Alacrán), Junior Gabriel Brea Divanna (Junior Pañales) y el caso de Reyna Margarita Núñez Infante acusada de lavado de activos y de estafar al Estado a través del Ministerio de Educación.
Darío Gasolina, quien se encontraba prófugo por ser el cabecilla de una red a la que a finales del año 2014 se le ocupó un cargamento de 516 kilos de cocaína destinada a Estados Unidos, vía Puerto Rico, fue apresado el pasado mes de julio en Higüey por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Se considera como uno de los traficantes de droga de mayor relevancia en la zona Este del país, y cuando fue apresado llevaba en uno de sus bolsillos más cien mil pesos en efectivo, además de un comprobante de una cuenta corriente por RD$ 1, 397,000.00 a su nombre, en una entidad bancaria nacional. Fue apresado junto a otros dos hombres.
Mientras que Urbáez Suero fue enviado a prisión con medida de coerción de ocho meses de prisión preventiva junto a otros nueve implicados, incluyendo un coronel y su hijo, tras ser apresado la madrugada del pasado viernes 19 de junio, cuando trataban de introducir al país un alijo de más de trescientos kilos de cocaína por las costas de Barahona. La captura de Robelín, realizada por miembros de la DNCD, fue elogiada por el procurador general de la República.
Domínguez Brito también destaca las incautaciones realizadas a Robelín, en atención a cooperación judicial solicitada por la Fiscalía de Barahona con relación a la ocupación de la referida cantidad de droga, donde desarrollaron un operativo en esa provincia con 10 incautaciones y un allanamiento, así como otra operación similar en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, confiscando seis inmuebles.
En el caso de Junior Gabriel Brea Divanna (Junior Pañales), también en julio del año pasado, un juez le dictó prisión preventiva, como medida de coerción, junto a otros siete, incluyendo dominicanos y colombianos, luego de un operativo levantado por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), confiscándole 79 millones de pesos y armas.
Finalmente, a Reyna Margarita Núñez Infante, acusada de estafar al Estado con la compra de un inmueble por RD$47 millones a través del Ministerio de Educación, a quien se le atribuye también la violación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos, le fue ocupado un inmueble en Santo Domingo.
Domínguez Brito señaló además que a través de la Procuraduría Especiliazada Antilavado, se incautó en el año que finaliza, un total de RD$1,600 millones, y que en el caso de contabilizar los productos afectados o inmovilizados en el sistema bancario nacional la suma ascendería a dos mil millones de pesos.