Haití acudió a las urnas el pasado 9 de agosto para elegir a 20 senadores y 118 diputados, una justa caracterizada por violencia, irregularidades y la poca participación.
Por Rolando de la Ribera *
Santo Domingo (PL) Haití termina 2015 sin elegir nuevo mandatario debido a una crisis política que obligó a posponer la segunda vuelta de las presidenciales programadas para el 27 de diciembre.
El país trató a lo largo de 2015 de superar esa crisis que arrastraba desde 2014 debido al prolongado retraso en la organización de comicios para renovar autoridades.
Para encontrarle solución, el presidente Michel Martelly siguió recomendaciones de una comisión de notables y forzó la dimisión del anterior primer ministro, Laurent Lamothe.
También integró a opositores moderados al nuevo Gobierno y nombró como primer ministro a Evans Paul, una figura considerada con experiencia en la negociación.
Seguidamente, Martelly declaró disfuncional al Parlamento, tras vencer el mandato de dos tercios del Senado y de todos los miembros de la Cámara de Diputados.
Como parte de la búsqueda para una solución de la crisis fueron programadas nuevas elecciones, financiadas en su mayor parte por entes internacionales.
Haití acudió a las urnas el pasado 9 de agosto para elegir a 20 senadores y 118 diputados, una justa caracterizada por violencia, irregularidades y la poca participación.
Sólo nueve candidatos a diputados fueron electos, ninguno alcanzó un puesto en el Senado y a las urnas acudió apenas el 18 por ciento de los electores.
Además, los comicios fueron cancelados en 22 circunscripciones debido a incidentes violentos que dejaron cuatro muertos, varios heridos y 137 detenidos.
El 25 de agosto se efectuó la primera vuelta de las presidenciales a las que acudieron medio centenar de candidatos y ninguno alcanzó la mayoría absoluta.
Según el tribunal, los dos más votados fueron el candidato del oficialista Partido Haitiano Tet Kale, Jovenel Moise; y el opositor Jude Celestín, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana.
Los resultados de los comicios de agosto generaron gran insatisfacción y el país fue escenario de manifestaciones que denunciaban un fraude a favor del oficialismo.
La forma poco transparente en que actuó el tribunal electoral y los reclamos de fraude llevaron a la oposición a exigir la renuncia de sus integrantes y del gobierno.
Las manifestaciones opositoras se hicieron cada vez más masivas, la policía disolvió algunas protestas violentamente y se han registrado al menos tres muertos y varios heridos.
Para tranquilizar los ánimos y celebrar la segunda vuelta presidencial prevista para el 27 de diciembre, Martelly creó una Comisión de Evaluación Electoral que nunca llegó a fraguar.
Sin tiempo ya para efectuar los comicios, el tribunal electoral y el gobierno pospusieron la primera vuelta y crearon otra Comisión de Evaluación Electoral, esta vez independiente.
Esa comisión decidió evaluar solamente la primera ronda de las presidenciales del 25 de octubre y alegó no disponer de tiempo para comicios parlamentarios, municipales y locales.
Pero la evaluación de las elecciones municipales y parlamentarias son condiciones demandadas por el Grupo de los ocho candidatos presidenciales opositores más importantes.
En tanto otros grupos opositores, como Fanmi Lavalas, siguen en las calles demandando la anulación de las elecciones, la dimisión del tribunal electoral y la salida de Martelly.
Decenas de alcaldes elegidos recientemente reclamaron al Gobierno organizar una conferencia nacional para restaurar la confianza y firmar un pacto de gobernabilidad.
Ese grupo propuso organizar la segunda vuelta de las presidenciales el próximo 17 de enero para asegurar la instalación del venidero jefe de Estado el 7 de febrero.
En ese marco, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a completar de forma pacífica y creíble las presidenciales dentro del calendario constitucional.
Aunque resultó lo más importante acontecido, la crisis política no fue el único asunto que preocupó a los haitianos. Hubo además problemas migratorios y nuevos casos de cólera.
Un programa dominicano de regularización de extranjeros (PNRE), promovido por el país vecino para ordenar la migración ilegal, implicó el regreso de unos 70 mil haitianos.
Al PNRE se sumaron más de 288 mil personas, en su mayoría haitianos, pero muchos quedaron sin incorporarse por carecer de documentos legales.
Haití fue incapaz de responder a la demanda de documentos para asentar a muchos de sus nacionales en el PNRE. A pesar de que algunos pagaron por esos papeles, nunca los recibieron.
Ante el reclamo del embajador haitiano en República Dominicana, Daniel Supplice, por esa injusticia, el Gobierno de Puerto Príncipe lo destituyó por "no defender a su país".
Al calor de la crisis migratoria Puerto Príncipe prohibió la importación terrestre de 23 productos dominicanos para favorecer a sus empresarios y cobrar más impuestos.
La medida empobreció aún más a los haitianos, aumenta el contrabando e incrementa la carestía de los alimentos en un país que cierra el año con una inflación del 12 por ciento.
Ante la incapacidad de controlar su demarcación, Haití firmó un acuerdo con la compañía privada militar israelí HLSI, que incluye vigilancia fronteriza y manejo de sus aduanas.
Otro problema enfrentado por el país fue la aparición de nuevos casos de cólera, una epidemia introducida por cascos azules nepaleses, que desde 2010 mató a unos nueve mil haitianos.
Entre octubre y noviembre de este año ocurrieron nuevos brotes en 15 municipios en el oeste y sureste de Haití, según reconocieron las autoridades de salud.
El consumo de agua sin tratar y la falta de higiene son las causas de transmisión de los casos investigados en Marigot (sureste), Cité Soleil (en Puerto Príncipe) y Jacmel (sureste).
*Corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana.
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