El sistema democrático es de por sí dialogo, de modo que llamar a dialogo no es en mismo una solución a los problemas de administración de justicia, pero se lo reconoce como un medio. Ahora bien, en tanto medio, deberíamos preguntarnos si es un medio para ganar tiempo, si es una vía adecuada para solucionar el problema, o si por el contrario, se trata de un disuasivo mediático, a lo gatopardo.
La solicitud de dialogo salió del discurso del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano German, funcionario que está en la cresta de la controversia pública, para unos un héroe, para otros un villano. En cualquier caso, nos parece que ni el discurso del día del poder judicial ni la solicitud de dialogo que contiene llenan las expectativas de la opinión pública. Pues los problemas reales de la justicia no fueron debidamente abordados por el Magistrado Juez Presidente, por el contrario, evadió referirse a los males reales que la afectan.
Yendo directamente al contenido de la noción de dialogo no quedó claro cuál sería el contenido de ese dialogo ¿dialogar qué o sobre qué? Ni quienes serían los dialogantes, toda vez que se ha impuesto una barrera según la cual los abogados no forman parte de la justicia, son sus auxiliares menores. En consecuencia, el dialogo sería –eventualmente- entre jueces y fiscales. Jueves y fiscales que son los cuestionados pues en los momentos actuales la opinión pública exime a los abogados en ejercicio del desastre y culpa a fiscales y jueces. El Ministerio Público era quien llevaba la peor parte pero lanzando lodo sobre los jueces terminó con su soledad y ahora se siente acompañado en su desgracia. ¿Desea el Presidente de la SCJ acompañarse de los letrados? Luego vendría la pregunta de cuales letrados pues casi siempre existen reticencias y mal querencias de amor y odio entre jueces, fiscales y abogados.
Sin embargo, a nuestro juicio, el tema no es tan simple. Pues ante de todo, se debería admitir que la justicia en sentido general ha sido tomada por corsarios, como se sabe, todo corsario está al servicio de alguien. Con la diferencia de que el abogado, cuando da calidades o cuando aparece ante los medios, lo primero que hace es explicar cuáles intereses defiende, al servicio de quien trabaja y los medios que empleará en la defensa de estos.
En cambio, los jueces y fiscales aunque se presume que defienden a la sociedad, al orden constitucional y a la democracia, no siempre se puede verificar que sea así pues intereses bastardos, intereses de grupos, atomizan o bien ponen en duda que así sean. Baste señalar las prolongadas y frecuentes reuniones del Procurador General de la República con un embajador extranjero, sin autorización de la cancillería ni del Poder Ejecutivo.
En pocas palabras, a nuestro juicio, los cabildeos, los grupos de presión, las presiones del poder, la ausencia de imparcialidad e independencia, son los males que más afectan a la justicia dominicana. Un Ministerio público no solo político sino politizado, con intereses grupales bien definidos e intolerante, ocasiona a diario daños irreparables, pero nadie desea hablar de ello. Las bajadas de líneas y el castigo a quienes actúen con independencia e imparcialidad son el verdadero problema.
Claro, en principio, se decía que estos males los padecía solo el Ministerio Público, por su condición de político y politizado, ahora estamos observando que los jueces (o algunos de ellos) no escapan a este mal. Es sobre estos asuntos que se debe dialogar, además, la noción de sanción disciplinaria debe ser revisada pues si solo incurren en ella los de jurisdicciones inferiores nada estamos haciendo, pues el mal viene muy de arriba.
La descalificación de abogados, la exclusión por intolerancia, la parcialidad tampoco pueden ser objeto de premisas para un dialogo sincero, pues como se sabe, determinados grupos de abogados y de la sociedad civil, mantienen una presión y presencia sobre las decisiones de la justicia realmente irritantes. Este protagonismo debería también ser revisado junto a la influencia que mantienen determinadas oficinas de abogados, grupos de presión y buros de comunicación estratégica.
En pocas palabras, el Magistrado Mariano German es un interlocutor válido para el dialogo, pero dicho dialogo debe ser definido en su contenido y los participantes en el mismo también, pues, por ejemplo, el colegio de abogados y las escuelas de derecho normalmente no son tomadas en cuentas como debieran y sus funciones usurpadas por grupos faticos, el rol de las unas y las otras debería también ser sometido a análisis. DLh-11-01-2016