Afirma que a través estos mecanismo, y otro puestos en marcha por el Gobierno, el país ha avanzado en prevención de la corrupción
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que el país ha avanzado de manera significativa, en el establecimiento de mecanismos, normativas y controles tendentes a transparentar el mal manejo de los fondos públicos y la prevención de la corrupción.
En ese sentido, el funcionario definió como transcendental, que la sociedad civil pueda participar de la supervisión del manejo del erario en las diferentes instituciones, con la implementación de las comisiones de veedurías, de forma tal que pueda salir lo bueno y lo malo, para de esta forma tomar las medidas necesarias tanto para seguir fortaleciendo los niveles de transparencia, como la prevención de actos de corrupción.
“Estas veedurías han permitido la apertura del uso y manejo que dan las dependencias del Estado a los recursos que reciben, rompiendo por completo una cultura arraigada de no rendir cuentas de forma transparente en torno a cómo se realizan los procesos y de cómo se invierte el dinero del pueblo. A través de estas comisiones la sociedad civil ejerce el derecho ciudadano no solo de dar seguimiento, de supervisar, sino también de cuestionar y denunciar los procedimientos que entiendan no han sido llevados de forma correcta”, señaló el Procurador General.
A juicio de Domínguez Brito, nunca antes se había llevado a cabo con mayor justeza y transparencia en la República Dominicana, los procedimientos de licitaciones públicas para las distintas compras y obras del Estado, destacando que “a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se ha registrado un incremento significativo en el número de proveedores del Estado, dejando atrás la práctica en que las mismas empresas, los mismos grupitos, eran los que se alzaban con las contratas. Para poner un ejemplo claro, de menos de 20 mil suplidores que tenía registrado el Estado, a la fecha podemos ver cómo prácticamente se ha triplicado esta cifra, con más de 50 mil proveedores, que han pasado además a la formalidad”.
Otro de los importantes avances que destaca el Procurador General, como avances en prevención de la corrupción administrativa, es la creación de la Cuenta Única del Tesoro, a través de la cual, las instituciones depositan todo el dinero que generan por servicios que ofrecen, “por ejemplo en la Procuraduría General, todo el dinero que se recibe por la venta de certificados, legalizaciones, entre otros renglones, ya no se deposita en una cuenta institucional, sino, que esos recursos se registran a través de la Tesorería Nacional y debemos rendir informes y reportes del manejo que le damos a esos a esos recursos, como lo están haciendo unas 200 dependencias gobierno que ya alcanza cerca de la totalidad de las instituciones. Eso es transparencia, eso es una forma de tener control sobre el manejo y el destino del erario público, lo que sin lugar a dudas, va cerrando el paso a que se puedan realizar actos de corrupción o un manejo inadecuado de dichos recursos”.
“No nos queremos concentrar en ataques y contraataques. Estamos convencidos de que es el momento de un cambio de actitud de todos los actores del sistema de justicia, entre los cuales, incluyo al Ministerio Público, de forma tal que podamos romper con esta cultura de impunidad de décadas, en la falta de sanciones y decisiones ejemplares en los casos de funcionarios vinculados a actos de corrupción. Tenemos la fe y la esperanza de que vamos en buen camino para lograr importantes transformaciones en nuestro sistema de justicia”, manifestó Domínguez Brito.
El Máximo Representante del Ministerio Público externó sus planteamientos, al participar en la “Mesa Redonda Sobre Transparencia y Justicia” realizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), donde se debatió el tema de la “Transparencia y Lucha Contra La Corrupción Desde el Ministerio Público”, en la cual participaron también, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
