Puerto Príncipe, 25 ene (PL) Los opositores haitianos anunciaron que hoy vuelven a las calles a reclamar la salida del presidente Michel Martelly y el establecimiento de un gobierno de transición que celebre nuevas elecciones.
El anuncio fue hecho la víspera cuando miles de haitianos se concentraron pacíficamente en el Campo de Marte, cerca del Palacio Nacional, para reclamar también la disolución del Consejo Electoral Provisional (CEP).
Las movilizaciones seguirán este lunes hasta que la actual administración abandone el poder, dijeron los opositores liderados por ocho candidatos presidenciales conocidos como el G-8.
Las marchas callejeras se recrudecieron desde la pasada semana y obligaron el viernes último al CEP a posponer por tiempo indefinido la segunda vuelta de las presidenciales y legislativas que debían celebrarse el domingo 24 de enero.
El tribunal electoral tuvo que reconocer que no existían condiciones de seguridad para las votaciones después de ser quemados varios colegios electorales y que en las calles se registraran hechos violentos y choques entre policías y manifestantes.
El Ministerio de Comunicación de Haití anunció el domingo la celebración de un extraordinario consejo de ministros para tomar las medidas necesarias a fin de garantizar el orden público, la seguridad de las vidas y propiedades.
La convocatoria al consejo de ministros coincidió con un llamado de la comunidad internacional al gobierno y los demás actores políticos para que dialoguen y concluyan de manera pacífica el proceso electoral suspendido el pasado viernes.
La crisis haitiana surgió por retrasos en celebrar comicios y se agudizó cuando no fueron atendidas denuncias, según las cuales, fue irrespetado el voto popular en las legislativas del 9 agosto y las presidenciales del 25 de octubre del 2015.
Los opositores demandaron investigar los resultados de aquellas elecciones que consideraron fraudulentas y una comisión evaluadora independiente determinó que el proceso estuvo plagado de irregularidades y formuló recomendaciones.
Pero la indignación estalló cuando las autoridades pretendieron seguir adelante con la segunda vuelta sin someter a la justicia a los funcionarios electorales y políticos beneficiados de las irregularidades, como recomendó la comisión.
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