Por Rolando de la Ribera *
Santo Domingo (PL) La situación haitiana se complica progresivamente como resultado de una crisis política y es tan tensa que el presidente Michel Martelly recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sirva de mediadora.
La oposición radical denunció esa acción como injerencista pues considera que los problemas internos deben resolverlos los propios haitianos e insiste en que la solución de la crisis pasa por la renuncia de las actuales autoridades y la formación de un gobierno de transición.
El origen de esta situación que amenaza con generar una confrontación civil, está en la demora ocurrida en celebrar elecciones que puso al anterior Senado en contra del Gobierno, lo que impidió la aprobación de necesarias reformas constitucionales y bloqueó la gestión gubernamental.
Una comisión de notables recomendó entonces al presidente haitiano hacer algunos cambios y aquello implicó la salida del entonces primer ministro Laurent Lamothe (2012-2014) y su reemplazo por el actual Evans Paul, dando participación en el gobierno a algunos partidos de la oposición.
Sin embargo, la intransigencia mostrada por la oposición parlamentaria llevó a que ese Poder del Estado llegara al final de su mandato sin ser renovado, la Asamblea se redujo a una veintena de senadores, el órgano dejó de ser funcional y Martelly tuvo que gobernar por decretos.
En ese orden de cosas, Martelly convocó a elecciones y entonces, por cuestionamientos de la oposición, hubo que disolver el tribunal electoral en dos ocasiones hasta que se creó el Consejo Electoral Provisional (CEP), integrado por representantes de diversos sectores sociales.
Al frente del nuevo tribunal electoral asumió Pierre-Louis Opont, quien ayudado por la Presidencia, el Gobierno y la comunidad internacional organizó la primera vuelta de las elecciones parlamentarias y locales del 9 de agosto último y luego las presidenciales del 25 de octubre de 2015.
Pero ocurrieron graves irregularidades en ambos comicios. El 9 de agosto hubo hasta que cerrar y anular las votaciones en algunos lugares y estalló la violencia dejando al menos cuatro muertos. El 25 de octubre hubo serias denuncias de fraude que no fueron atendidas a tiempo.
A las presidenciales acudieron medio centenar de aspirantes y, como era de esperar, con un voto tan disperso, ninguno alcanzó la mayoría requerida para ser electo. Como resultado quedaron ubicados en los dos primeros lugares el candidato oficialista Jovenel Moise y el opositor Jude Célestin.
Los candidatos de la oposición, incluyendo a Célestin, denunciaron fraudes en beneficio del candidato oficialista y después de muchas protestas callejeras, cada vez más violentas, una comisión evaluadora de las elecciones confirmó que hubo irregularidades.
El CEP, sin embargo, no cumplió con las observaciones de esa comisión ni aceptó el llamado de la oposición de hacer una investigación a fondo y enviar a la justicia a quienes cometieron fraude. En vez de eso convocó a segunda vuelta, primero el 27 de diciembre y luego el 24 de enero.
Ante la sordera de las autoridades a los reclamos de justicia, la oposición radicalizó su postura y en multitudinarias manifestaciones reclamó la salida de Martelly y de Paul, la renuncia del CEP y la conformación de un gobierno de transición que garantice elecciones transparentes.
Como esas protestas callejeras incluyeron barricadas de neumáticos ardientes, el apedreamiento de automóviles y el incendio parcial de varias oficinas electorales, el CEP consideró que no había condiciones de seguridad para celebrar los comicios y los suspendió hasta nuevo aviso.
En esa coyuntura han renunciado varios miembros del CEP: Ricardo Agustín (Iglesia Católica); Vijonet Demero (Iglesia Protestante); Jacseus Joseph (Derechos Humanos); Yolette Mengual (Campesinos y Vudú), y dimitieron además el vicepresidente del tribunal, Pierre Manigat, y el propio presidente Opont, con lo que el CEP quedó prácticamente desmantelado.
También fracasó un intento del presidente Martelly de recomponer ese órgano a través de exhortaciones a las entidades para que sustituyeran las crecientes bajas.
En todo momento han mantenido su exhortación a las protestas pacíficas callejeras los ocho principales candidatos de la oposición que conforman el llamado G-8, del que forma parte Célestin, quien se negó a participar en la segunda vuelta electoral.
La propuesta del G-8, entregada al Senado, exige la renuncia de Martelly y de Paul, la disolución del CEP, y la creación de una administración provisional encabezada por el presidente de la Corte de Casación, Jules Cantave, que en un período de tres meses debe verificar las elecciones del 25 de octubre y convocar a otras nuevas.
También el G-8 reaccionó enérgicamente contra las declaraciones del ex jefe policial golpista Guy Philippe, quien llamó a rebelarse contra los sectores políticos que reclaman un gobierno de transición cuando concluya el mandato de Martelly el 7 de febrero al no haber sido electo un relevo.
Según Philippe, exjefe militar de la insurrección anti-Aristide en 2003-2004, candidato al Senado en 2015 por el departamento de Grand' Anse e implicado en narcotráfico, los sectores de la oposición que reclaman un gobierno de transición son "anarquistas" a los que hay que combatir.
En ese escenario tan convulso, el presidente Martelly anunció que no entregará el mando a quienes no quieren ir a elecciones porque no dejará al país en una situación de vacío de poder e inseguridad y añadió que está dispuesto "a sacrificarse", aunque no precisó si eso significa que pretende estar más tiempo de lo establecido por la Constitución.
Fue entonces cuando Martelly solicitó a la OEA que desplegara una misión especial de mediación -que llega el 31 de enero- dirigida a romper el estancamiento del diálogo político que ha impedido superar la crisis.
*Corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana.
