Luego de que la Procuraduría General de la República iniciase una campaña mediática contra los jueces de la República Dominicana, el oficio de juez se ha devaluado hasta convertirse en una pesadilla para quienes ejercen ese oficio. Así las cosas, es de lugar hurgar en las razones que llevaron al Procurador General de la República a iniciar una cacería de brujas contra los jueces que ha tenido un impacto positivo para la procuraduría y negativo para la administración de justicia.
Pero previo a ello resulta interesante echar una mirada a la justicia dominicana de los últimos 20 años, pues esa visión de conjunto podría conducirnos a entender lo que ocurre hoy en el seno de la justicia dominicana y el por qué las últimas encuestas presentan a la justicia, no ya como la cenicienta de los poderes públicos sino como un pastel que el mundo político, la sociedad civil y los grupos de presión aspiran a conquistar. Otro elemento a tomar en cuenta es el tremendo resultado que ha tenido la procuraduría pues de poder cuestionado y responsable del desastre, ha devenido en beneficiario del mismo. Éxito que algunos atribuyen al manejo mediático, al respaldo del poder político, como al respaldo de grupos de poder extranjeros.
Cuando en 1997 se inició un proceso de reforma de la judicatura nacional, el objeto buscado era el de desbalaguerizar la justicia, pues la balaguerización de la misma se expresaba bajo el control que cada senador de la República ejercía sobre la administración de justicia de su provincia y una Suprema Corte balaguerista. Donde la corrupción imperante hizo de esta lo que el propio Joaquín Balaguer llamó “un mercado persa.”
Sin embargo, como ocurre siempre en el mundo de la política, el objetivo de las fuerzas políticas emergentes no era el de desbalaguerizar la justicia como entonces se dijo sino conducirla a cambiar de amo. Esto es: quienes buscaban sacar de circulación la justicia balaguerista no lo hacían por altruismo o compromiso social sino con el ánimus necandi de apoderarse de ella. Como Balaguer no era un tonto, se dio cuenta de la maniobra y aceptó una recomposición de la justicia pero conservando suficiente poder e influencia como para que la mano de la justicia nunca lo tocara a él o a los suyos. Se emprendió pues un proceso de “modernización de la justicia” bajo la égida de Balaguer, quien compartió dicho honor con otras fuerzas políticas, particularmente la que representaba Peña Gómez, las cuales se sintieron a gusto con el nuevo reparto incluida la denominada sociedad civil.
Ya para 2005 era visible que la reforma emprendida en 1997 había dado muestra de ineficacia pues sus promesas tuvieron logros muy menguados. Entonces se inició una campaña dirigida a introducir lo que se denominó “una segunda ola de reforma judicial”, la cual, en el fondo, buscaba un nuevo reparto, pues algunas fuerzas políticas entendían que no habían obtenido suficiente en el reparto de 1997. La pugna se mantuvo siete años más, hasta que la Constitución de 2010 abrió el escenario para una mutación, los esfuerzos del balaguerismo fueron loables, mostraron una capacidad indiscutible por mantener el control.
Pero finalmente fueron abatidos por el blindaje a que aspiraban los nuevos amos del poder, algo para sectores fácticos y un reparto entre políticos dio nuevas caras a la justicia. En el ínterin, se crearon estructuras nuevas, como el Tribunal Constitucional o el Consejo del Poder Judicial, la Escuela de la Judicatura, etc., en fin, las llamadas altas cortes.
Pero como bien expresara el Conde de Montesquieu, el poder absoluto corrompe absolutamente, los nuevos detentadores del poder judicial han sido presa fácil de la improvisación y hasta de la barbarie, pues, sin la experiencia de lugar para detentar dicho poder y sin saber las características y magnitud del mismo, se dieron a la tarea de cometer errores irritantes. Al tiempo de que las elecciones de 2012 dieron como resultado la necesidad de una recomposición del Poder Judicial.
La voz más clara sobre la necesidad de una recomposición del poder en el ámbito de la administración de justicia ha sido la procuraduría. De modo que la administración de justicia se encuentra nueva vez ante el dilema del 1997, de 2005 y de 2012. ¿Qué podría emerger de la situación actual? La procuraduría no conforme con tener para sí a los fiscales, aspira a más jueces, los enquistados en dicho poder aspiran a mantenerse allí. Sin embargo, algunos podrían ir por lana y resultar trasquilados pues nuevos actores sociales están irrumpiendo y reclamando espacios en este poder, por ejemplo, la mesa de decanos de escuelas de derecho, el Colegio de Abogados, y otros grupos sociales, podrían enmendarle la plana a la procuraduría, por tanto, no siempre jugar con fuego purifica, en ocasiones quema y de qué manera.
En conclusión, nos parece que los grupos que conforman el poder actual, tienen la suficiente madurez política como para darse cuenta que la posición de la procuraduría es descabellada. La sustitución de Procurador de su cargo podría dar mejores resultados a la administración de justicia que la cumbre de la justicia que se ha planteado. Porque, como ha ocurrido siempre, quien crea una crisis casi nunca es el beneficiario de ella. Además, no necesitamos de carecería de brujas sino eficiencia en el desempeño y, resulta que la hoja de servicio de la procuraduría, hasta ahora siempre ha obtenido malas notas y antes que corregirse, ha pretendido culpar a otros: en unos momentos a la Policía Nacional y en otros a los jueces, pero la verdad termina siempre por imponerse.
Por último, el contraste entre procuraduría y poder judicial, esto es: desempeño de los jueces, particularmente los de la SCJ, del Consejo Judicial y La Escuela de la Judicatura, podrían arrojar datos preocupantes sobre el desempeño de la procuraduría. Baste mencionar lo que ocurre con el delito ambiental, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la inestabilidad del personal del ministerio público originada en una gerencia a todas luces en cuestión. DLH-22-2-2016
