Brasilia, 4 mar (PL) La violencia practicada hoy contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva constituye una agresión al estado de derecho que alcanza a toda la sociedad brasileña, sostuvo hoy en una declaración el Instituto Lula.
El exmandatario fue conducido en las primeras horas de esta mañana al aeropuerto de Congonhas, Sao Paulo, por efectivos de la Policía Federal para prestar declaración, en el comienzo de la fase 24 de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
La acción de la llamada Fuerza de Tarea de Lava Jato es arbitraria, ilegal, e injustificable, además de constituir una grave afrenta al Supremo Tribunal Federal, subrayó la institución.
No hay motivos para esa conducción coercitiva; pero ellos quieren una foto y decir: nosotros detuvimos a Lula, manifestó el senador Lindberg Farias (PT-RJ), quien en declaraciones al periódico Brasil de Fato dijo también estar indignado con lo sucedido.
Lo ocurrido hoy es un paso más en la consolidación del estado de excepción, opinó por su parte la diputada federal Jandira Freghali (PCdoB-RJ), que llamó a la población a defender el estado democrático de derecho.
Según informó el servicio de noticias Brasil 247, la nueva etapa de Lava Jato contempla acciones en domicilios del exmandatario y de su hijo Fabio Luiz, así como en el Instituto Lula.
En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44 órdenes judiciales, que se extienden también a las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se encuentran inmuebles adjudicados a Lula, quien negó reiteradamente que estos sean de su propiedad, precisó la fuente.
La investigación, abundó, busca establecer si el exgobernante recibió ventajas indebidas de empresas acusadas en la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una red de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.
El inicio de la fase 24 se produjo solo horas después que medios de difusión amplificarán aquí un reportaje publicado por la revista IstoÉ, según el cual el senador Delcidio Amaral acusaba a Dilma Rousseff y Lula de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la causa anticorrupción.
El propio Amaral desmintió horas después la existencia de un supuesto acuerdo de delación firmado por él y afirmó desconocer el origen y la autenticidad de los documentos a los que aludía la publicación.
Una nota oficial divulgada anoche por el Palacio de Planalto dio a conocer el total repudio de la jefa de Estado al uso de filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales como arma política. Estos arreglos, subrayó Rousseff, "no contribuyen a la estabilidad del país".
En un reciente artículo, el exministro de Ciencia y Tecnología Roberto Amaral advirtió sobre la clara intención que existe en el país de destruir, a cualquier precio, al último líder popular.
La historia no se repite, pero salta a los ojos la semejanza entre el odio que se construyó contra (los ex mandatarios Getulio) Vargas y (Juscelino) Kubistchek y el que la prensa casi al unísono destila, alimenta y propaga contra Lula.
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