Por: Minou Tavárez Mirabal. Candidata Presidencial.
Nunca debió haber ocurrido la muerte de cuatro presos de la cárcel de La Victoria afectados por cólera. Estas personas, al igual que las otras 46 que también se enfermaron de cólera, están bajo el cuidado de las autoridades, y por tanto, dependen de ellas para la preservación de su salud, de su seguridad, y finalmente, de su reeducación e integración de nuevo a la sociedad tras el cumplimiento de las penas que les impuso la Justicia.
Sus muertes son una dramática demostración de la terrible irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales, tanto de las carcelarias, de Salud Pública, de la Procuraduría y del Poder Ejecutivo, como de las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas pobres y marginadas privadas de su libertad por haber infligido la ley.
La persistencia de las pésimas condiciones de las cárceles en todos los sentidos, especialmente de las sanitarias, convierten las penas dictadas contra los más pobres y marginados de nuestra sociedad, en condenas de muerte o de sufrir lesiones permanentes de por vida.Los pocos ricos, funcionarios o narcotraficantes que son encarcelados, escapan de estas condiciones ya sea por un trato preferencial de las autoridades o por éstos pagar fuertes sumas a sus carceleros. Reitero el reclamo que hicimos hace unos meses en la cárcel de Higüey ante un caso semejante, de que las autoridades responsables de la existencia de estas pésimas condiciones y de los daños que acarrean a personas concretas, deben ser castigadas. No podemos aceptar esta violación a los derechos humanos ni que el escándalo y el estupor que nos han producido estas muertes, termine con el simple entierro de los cadáveres de las víctimas.
Igualmente exigimos que sin más dilación ni más excusas, se aplique el nuevo régimen carcelario a todas las cárceles del país, y que aquellos recintos que no cumplan con las condiciones mínimas sanitarias para alojar a personas humanas, sean de inmediato cerrados y desmantelados.
