Santo Domingo, 16 de marzo de 2016. La construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en la provincia Peravia, a pesar de estar cumpliendo desde sus inicios con los más estrictos estándares en materia medioambiental, económica o de procedimientos de licitación pública, sigue provocando unos cuestionamientos cuyos verdaderos orígenes o propósitos no lucen tan transparentes.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, licenciado Rubén Jiménez Bichara, considera que ya nadie debería estar cuestionando la opción carbón, ya que sobran los elementos a favor de esta escogencia. Gracias a costos de producción, de electricidad muy por debajo de los actuales costos de generación, Punta Catalina permite una reducción drástica de la dependencia del país a los derivados del petróleo, la cual caerá de 52.9% de la matriz hoy en día a apenas 27.0% en 2017, ya que, en el mismo tiempo, la generación a carbón se elevará al 24.0% de la matriz en apenas tres años.
Esto a su vez mejora considerablemente la matriz energética del país. Resolver la matriz energética no es un ejercicio de adivinanza de cuál sería la mejor fuente energética a futuro, sino lograr una matriz diversificada y flexible; así el carbón completa la actual estructura de generación a gas natural (combustible cuya disponibilidad sigue siendo problemática), con el uso de las energías renovables que se van incorporando a la matriz, incluyendo la energía eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y de biomasa.
Jiménez Bichara asegura que las preocupaciones asociadas tradicionalmente al uso del carbón deben de considerarse, en el caso de Punta Catalina, bajo los criterios drásticos de las normas locales e internacionales, haciendo especial énfasis en las guías del Banco Mundial: en este sentido, Punta Catalina destaca por su alta eficiencia en cuanto a menor consumo de combustible por cada kwh generado, reduciéndose así la producción de CO2; de hecho la tecnología de punta instalada en Punta Catalina le vale ser la primera central de generación en incluir mecanismos de reducción de dióxido de azufre, de mercurio y otros metales pesados en un rango de hasta el 98%. De hecho, si Punta Catalina no estuviese diseñada con estos criterios del Banco Mundial, no hubiese posible haber recibido un financiamiento de US$632.5 millones por parte de un grupo de bancos europeos de primer orden.
Jiménez Bichara afirma sectores interesados han querido cuestionar el costo de la inversión en Punta Catalina, intentando crear una falsa percepción de un supuesto sobreprecio producto de un manejo no transparente del proceso de licitación. Sobre la base de la licitación pública internacional, la oferta ganadora fue para una inversión de US$1,945 millones para una central con capacidad de 720 megavatios, o sea, un costo de construcción de US$2,702 por cada kilovatio.
Este costo compara muy favorablemente con el promedio internacional de US$2,922/kW que se obtiene promediando los costos de construcción de 12 plantas de tecnología similar que han sido instaladas en diferentes países entre 1995 y 2013. En otras palabras, de aplicar este promedio internacional a la oferta de Punta Catalina, obtendríamos un costo total de US$2,104 millones, lo que significa que la oferta ganadora, lejos de significar un sobreprecio, representa un ahorro relativo de US$159 millones en comparación con el valor internacional de referencia.
Además del ahorro inicial en el costo de la inversión, el impacto económico se reflejará en la reducción drástica en el pago del subsidio, del cual en los últimos 10 años el Gobierno ha tenido que desembolsar más de US$ 9,000 millones al sector eléctrico, a los cuales habría de sumar los ahorros en costos de generación por más de US$441 millones cada año. Del mismo modo, el combustible usado en Punta Catalina producirá unos sub-productos derivados de la combustión del carbón que son aprovechables por múltiples actividades económicas incluyendo, y sin limitación, las industrias minera y cementera, la agricultura, los rellenos sanitarios o la producción de yeso.
Finalmente, Jiménez Bichara asegura que se ha cuestionado el mecanismo mismo de licitación del cual, lógicamente surgió un concursante ganador, y otros perdedores. Está claro para todos que en fecha 13 de mayo de 2013 y, en cumplimiento cabal de su rol como líder y coordinador de todas las estrategias del sector eléctrico estatal, la CDEEE convocó a la “Licitación Pública Internacional CDEEE-LPI-01-2013 para la Selección del Contratista que Ejecutará los Trabajos de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) de dos (2) Unidades Termoeléctricas en base a Carbón Mineral con una Capacidad de 300 MW (+/-20%) Cada Una”. Dicha convocatoria a licitación se hizo de conformidad con las disposiciones del Art.138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, modificada por la Ley No. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007 y el Decreto No. 143-11 de fecha 15 de marzo de 2011, procedimiento que fue posteriormente ratificado mediante Decreto No. 167-13 de fecha 21 de junio de 2103, modificado por el Decreto No. 197-13 de fecha 11 de julio de 2013.
Es por todas estas razones, y sin sorpresa, que la tasa de aceptación de Punta Catalina por los comunitarios del área de influencia directa alcanzó el 94.5% de los cuestionarios aplicados a una muestra representativa de estas comunidades; gracias a 9 eventos con la participación de más de 9,000 personas y la celebración de vistas públicas que permitieron atender las inquietudes de los comunitarios, se pudo explicar de manera llana y transparente el real alcance positivo de Punta Catalina.
Ahora bien, y esto es la verdad: en toda licitación, aun en el caso de Punta Catalina, hay un candidato ganador, y hay otros candidatos perdedores. Entonces, ¿Quién para cuestionar Punta Catalina?, señalizó Rubén Bichara.
