292 personas son investigadas por corrupción, de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y de la actual gestión de gobierno.
Panamá, 18 mar.- A 120 millones de dólares asciende el monto recuperado por el Ministerio Público de Panamá de dinero malversado como resultado de investigaciones a funcionarios de la actual y pasada administración envueltos en escándalos de corrupción, dijo hoy el gobierno.
En declaraciones a la prensa, la procuradora de la República, Kenia Porcell, dijo que las denuncias hasta la fecha implican 670 millones de dólares por lesiones patrimoniales.
Agregó que 292 personas son investigadas por corrupción, de las cuales algunas pertenecen a la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y otras a la actual, proceso para el cual todavía quedan pendientes 67 auditorías.
Más de dos decenas de altos funcionarios del Gobierno de Martinelli están vinculados a expedientes abiertos por delitos de corrupción, entre los que sobresalen los casos de la casa de valores Financial Pacific, la empresa privada Cobranza del Istmo y la compra de productos a sobrecostos por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Solo mediante un contrato de cobros a contribuyentes morosos, Cobranza del Istmo obtuvo una comisión de 22 millones de dólares por una cuenta pendiente del estatal Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyo pago fue previamente pactado con la Dirección General de Impuestos.
El proceso por la compra de alimentos deshidratados con sobreprecios arrojó que la lesión causada al erario público por la empresa Lerkshore International Limited, propiedad de Rubén De Ycaza, asciende a 30,4 millones de dólares.
Mientras que las cuentas ocupadas al exdirector del PAN Rafael Guardia (actualmente detenido), tanto en bancos locales como en el extranjero y en bienes cautelados suman poco más de 40 millones de dólares, según refieren las investigaciones.
Las constantes denuncias de corrupción, que también señalan a Martinelli como protagonista en más de una, alcanzan hoy a magistrados, jueces, diputados y empresarios, que de demostrarse su responsabilidad pueden constituir delitos sancionados por la justicia. Prensa Latina
