La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico establece que las empresas no podrán demandar al Gobierno por los atrasos en pago de deudas.
Puerto Rico ha comenzado a encarar su crisis con medidas extrema, incluyendo posibles expropiaciones de empresas. El congreso ha aprobado un proyecto de “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera".
La ley otorga múltiples poderes al gobernador Alejandro García Padilla, absolutos y unilaterales, entre ellos la opción de expropiar propiedades a empresas privadas que se nieguen a continuar prestándole servicios al Gobierno durante una declaración de emergencia.
El Nuevo Día observa que mediante esta ley el gobernador “podrá tomar toda acción razonable y necesaria para continuar brindando los servicios públicos esenciales y proteger la salud, seguridad y el bienestar, incluyendo, sin limitación, expropiar derechos de propiedad” de un contratista.
Es decir, si durante la declaración de emergencia un contratista decide que no quiere o no es viable continuar brindándole servicios relacionados con salud, seguridad y bienestar, entonces García Padilla podría expropiar su propiedad para garantizar los servicios.
La medida establece además que ningún contrato con el Gobierno podrá ser terminado o modificado durante el periodo de emergencia y también cancela las reclamaciones de las demandas.
Prensa Latina seña que la medida fue impulsada por el gobernador Alejandro García Padilla y dará al primer ejecutivo potestad para declarar una moratoria sobre el pago de la deuda de 49 mil millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que está garantizada por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA).
El proyecto, que había sido aprobado por el Senado en la madrugada del martes, sufrió retrasos en la Cámara de Representantes porque el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, introdujo enmiendas para garantizar el pago de la deuda a un sector de los acreedores, lo que fue rechazado por otros diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
La moratoria entrará en vigor inmediatamente la firme el gobernador García Padilla, que se espera lo haga en el transcurso de este día y estará vigente hasta el 31 de enero de 2017.
La medida proporciona herramientas al BGF para evitar una sindicatura, por lo que disposiciones de la ley orgánica de la institución financiera central del gobierno puertorriqueña.
El BGF tendrá potestad para crear una nueva subsidiaria que pueda asumir las funciones de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo, además de facilitar la restructuración de la deuda.
El anexionista Partido Nuevo Progresista rechazó la medida por entender que Puerto Rico queda mal con los acreedores.
Esta nación enfrenta una deuda de 70 mil millones de dólares, por lo que se encuentra al borde de la bancarrota ante la insuficiencia fiscal.
El gobernador García Padilla ha expresado que esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898, se aboca a una "crisis humanitaria" si da prioridad al pago a los acreedores y no atiende las necesidades prioritarias de los ciudadanos.
