Entre los sancionados se encuentra un lujoso centro comercial recién inaugurado, donde convergen famosas marcas estadounidenses o relacionadas con ese país norteño, las cuales deberán cerrar sus establecimientos en ese lugar.
Por Osvaldo Rodriguez Martinez
Panamá, 11may (PL) La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista Clinton de lavado de activos, es un duro golpe a la economía local, según análisis del ministro del ramo, Dulcidio de la Guardia.
Precisó que el gobierno panameño negocia actualmente con Estados Unidos para disminuir los efectos inmediatos de la medida, que pone en peligro el empleo de unos cinco mil trabajadores, además de perjudicar financieramente a proveedores, acreedores, bancos y entidades asentadas en inmuebles de las compañías sancionadas, entre otros daños.
La prohibición que genera extraterritorialmente esa sanción tendrá un efecto dominó sobre un número aún no revelado de entidades, a las cuales se les impide, bajo amenaza de sanción, continuar sus relaciones contractuales con dos grupos que dominan una parte importante del comercio, las inmobiliarias y otros negocios locales.
Impedir en esos establecimientos el uso de tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por bancos estadounidenses o relacionados con los mismos, redujo de inmediato a la mitad las ventas en tiendas de las firmas vetadas por la institución norteña, refieren reportes de prensa.
Igualmente cerraron cuentas bancarias de las empresas mencionadas, e incluso algunas creadas para los salarios de los trabajadores, según denuncias, pese a que el Gobierno pidió a los bancos proteger el pago de empleados, afirmó el titular de Economía y Finanzas.
El Presidente Juan Carlos Varela fue informado unas horas antes de publicar la medida, aseguró el Ministro, quien explicó al canal Telemetro que el Gobierno intenta una licencia temporal de operación para las empresas sancionadas, con el fin de encontrar una solución viable para los empleados y los elementos económicos entrelazados en el caso.
Varela aseguró el lunes pasado que usará "todas las fuerzas y capacidades del Estado que permitan las leyes del país" para proteger los empleos y las familias de los trabajadores que laboran en esas organizaciones.
Entre los sancionados se encuentra un lujoso centro comercial recién inaugurado, donde convergen famosas marcas estadounidenses o relacionadas con ese país norteño, las cuales deberán cerrar sus establecimientos en ese lugar.
Igual sucede con instalaciones similares en la caribeña Zona Libre de Colón, sede de múltiples empresas incluidas en la lista negra y una cadena centenaria de almacenes de ropa y zapatos, adquirida recientemente por uno de los grupos castigados.
La familia Waked, de origen libanés, es el centro de este nuevo escándalo financiero generado por la afirmación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, de que ocho personas y 68 empresas radicadas en Panamá integran la supuesta Organización Waked de Lavado de Dinero (Waked MLO).
El documento asegura que Nidal Waked Hatum, detenido el miércoles pasado en la capital de Colombia por efectivos de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y la policía colombiana, y su tío Abdul Waked Fares son los cabecillas de la red, aunque ambos negaron relación comercial entre ellos.
En un reciente editorial, el diario local La Estrella emplazó al jefe del Ejecutivo del país:
"Señor Presidente, llegó la hora de actuar. La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton a un grupo de empresas panameñas tiene mayores repercusiones que la sola implicación de empresarios con el narcolavado. Se trata de los efectos que todo esto tiene sobre la economía de Panamá y el prestigio del país".
El accionista mayoritario de la Editorial La Estrella-El Siglo es el grupo Waked International S.A., por lo que ambos medios también aparecen en las sanciones, pero con la salvedad de una licencia temporal hasta el 6 de julio próximo, para continuar sus relaciones con clientes y proveedores estadounidenses o vinculados con esa nación.
Los dos ataques a la imagen financiera y legal del país, precedidos del escándalo Panama Papers, no parecen casuales y así lo deslizó el propio Varela, en coincidencia con varios analistas que adelantaron tales criterios.
"No creo que esté bien, que si las grandes potencias quieren pelear, usen Panamá como un territorio para esa pelea", ni los sistemas fiscales y financieros del país, exclamó con firmeza el mandatario.
De ser cierta la hipótesis de ataques provocados, no es muy difícil suponer de dónde vendrían los embates, y algunas opiniones alimentan la idea de que el Centro Bancario Internacional, las zonas francas, la plataforma legal y el abanderamiento de buques, son los blancos elegidos.
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