Los niños criados en hogares donde se les maltrata, suelen mostrar desórdenes postraumáticos y emocionales, llegando a experimentar sentimientos de escasa autoestima, depresión y ansiedad.
La apreciación es del magistrado Ramón Emilio Sánchez, juez de Primera Instancia del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey, quien expuso en el panel “Educar sin Abusar: Consecuencias legales, psicológicas y sociales del abuso infantil”, celebrado en esa ciudad con la participación de jueces, miembros del ministerio público, psicólogos y otros expertos en el tema.
Durante el desarrollo de su ponencia, en el evento organizado por la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial (Difnag), a través de su División Niñez, el magistrado Sánchez manifestó que en su vida adulta esos menores humillados recurren al uso del alcohol u otras drogas, convirtiéndolos finalmente en adictos, todo lo cual demuestra que los efectos que produce el maltrato infantil no cesan al pasar la niñez.
Citó que la Constitución Dominicana en su artículo 56 establece la protección de las personas menores de edad, señalando que la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente.
Destacó que el Poder Judicial, como órgano del Estado, tiene especial interés en proteger a las personas menores de edad por su situación de vulnerabilidad, y que en el país la Ley 136-03 o “Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes” es la que provee el marco legal para la protección de los menores.
Sostuvo que los profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, pedagogía, psicología, trabajo social, agentes del orden público, directores, funcionarios públicos y privados o cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes.
Dijo que el incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción penal de uno a tres salarios mínimos, cuya competencia es exclusiva de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Citó que si el abuso es cometido por el padre, la madre y otros familiares, tutores o guardianes responsables del niño, niña o adolescente, serán sancionados con privación de libertad de dos a cinco años, y multa de uno a cinco salarios mínimos.
En el panel también hablaron la licenciada Silveria Pouried Rodríguez, procuradora fiscal adjunta, adscrita al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey, quien defendió el interés superior del niño frente a los derechos de los adultos, así como la licenciada María Virginia Cedeño, psicóloga de Consejo Nacional de la Niñez (Conani), quien apuntó que los maltratos están clasificados en: físicos, psicológicos, emocional y sexual.
A esto, la profesional de la conducta agregó que no siempre el maltratador tiene conciencia de que ejerce el maltrato, aunque esto no lo exime de responsabilidad.
La actividad estuvo encabezada, además, por la doctora Miriam Fernández Girat, directora de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, Poder Judicial, y la magistrada Sagrario Del Rio Castillo, jueza presidenta del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Higüey.
Al encuentro asistieron servidores judiciales, abogados, directores, maestros, orientadores y otros representantes de la sociedad civil.
La mesa principal del evento estuvo integrada por la magistrada Sagrario Del Rio Castillo, jueza presidenta del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Higüey, el magistrado Ramón Emilio Sánchez, juez de primera Instancia del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada jurisdicción, la doctora Miriam Fernández Girat, directora de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, Silveria Pouried Rodríguez, procuradora fiscal adjunta, adscrita al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey, la licenciada Liliana Abreu, directora Distrital del Ministerio de Educación, María Virginia Cedeño, sicóloga de Consejo Nacional de la Niñez (Conani) con asiento en Higüey, y Rocío García, procuradora general adjunta, adscrita al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey.
Abril fue declarado mediante Decreto Núm. 98-98 como el “Mes de la Prevención del Abuso Infantil”. La Prevención de este flagelo alerta para un mejor cuidado y protección de dicha población sobre la necesidad de cumplir con sus responsabilidades, garantizando derechos y evitando los abusos en las personas menores de edad.
