Una lectura importante de las recién transcurridas elecciones nacionales, congresuales y municipales, (que incluyeron votos nacionales, preferenciales y votos de ultramar para el nivel congresual), es lo referente al sentido ético de los que participaron en el proceso de votación y conteo de votos, en tanto y cuanto autoridades y técnicos de mesas electorales máximas de los niveles medio y bajo. Esto es: como encargados de dirigir el proceso de votación y de conteo de los votos y su posterior reporte a la Junta Central Electoral y al pueblo en sentido amplio.
De entrada, el Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, inicio el día de las votaciones (15 de mayo) denunciando que unos tres mil técnicos renunciaron o bien no se presentaron a su lugar de trabajo en los centros de votaciones y las juntas municipales. De un universo de 16 mil. Este solo acontecimiento marcó el proceso eleccionario, pues a partir de ahí, la JCE, quedó en la incapacidad material de administrar un proceso electoral diáfano, no por su culpa sino por culpa de aquellos renunciantes que no se presentaron a cumplir con la obligación que contrajeron con la JCE y luego con toda la nación Dominicana. Este acontecimiento pone de relieve la bajada -entre nosotros- de valores éticos, cívicos y de la población como elemento resultante de las políticas neoliberales que maximizando el mercado descalifican valores societarios diferentes al simple juego de obtener beneficios económicos. En los presentes comentarios, pretendemos referirnos exclusivamente a este acontecimiento, de modo que dejaremos para otra ocasión otros aspectos de la problemática electoral, pues para nosotros, este reviste una importancia cardinal para explicar lo que aconteció el 15 de mayo de 2016, es decir: el por qué la JCE fue impedida de contar adecuadamente los votos emitidos por los ciudadanos.
Resulta que bajo el modelo neoliberal prevaleciente (y que todos afirman ya que se ha impuesto sin retorno), poderoso caballero es Don Dinero, pues, se ha impuesto el criterio de que “los chelitos”, el “dame lo mío”, está por encima de cualquier deber cívico, de cualquiera obligación, de cualquier derecho. Así las cosas, lo primero es que la cuantía individual de lo que la JCE determinó como paga por laborar en las mesas el día de las votaciones y luego el conteo, no era atractivo para personal calificado alguno, es más, no lo fue tampoco, para el personal temporero y sin calificación que se contrató con promesa de pago luego de un día de trabajo electoral en las mesas de votaciones y del conteo manual de los votos emitidos.
Obvio, resultó atractiva la publicidad que daba cuenta de que el proceso de conteo se haría de forma electrónica, pero cuando se cambió la tónica y se dijo que se haría manual entonces la actitud de los colaboradores varió pues se dijeron a sí mismos que era mucho trabajo por poca paga. Pero más que la baja paga su deserción era una admisión indirecta de que no se poseía la competencia aritmética para desempeñar la labor.
De ahí que, los más honestos, optaron por ni siquiera presentarse, pero los que asistieron a su lugar de trabajo cívico, tampoco estaban –en su gran mayoría-, capacitados y debidamente entrenados para cumplir la tarea que le fue asignada. El mal conteo así lo prueba, este se ha traducido en malestares post electorales consistentes en la incapacidad material de la JCE para dar ganadores en tiempo hábil. Es por ello que –en unos casos- optaron por simplemente mandar a los votantes a votar presentando las cédulas y en otros casos, presentando su huella digital.
Esta fue la primera disparidad del proceso de votación: unos con cédulas y otros con huellas digitales. A partir de ahí hubo faltas no atribuibles al personal electoral sino a un conjunto de factores, por ejemplo, en unos casos falló la energía eléctrica, en otros el personal no supo manejar la tecnología de los escáner, en otros decidieron por sí mismos solicitar solo la cédula pues cuando los escáner no respondían ante determinadas huellas digitales, el proceso se atrasaba peligrosamente y la presión popular por ejercer el sufragio, ponía en peligro incluso la seguridad del personal que administraba el proceso.
Concluido el proceso de votación se presentaron dos inconvenientes: la extensión del horario de votación y la deserción notoria de una parte del personal que se sentía agotado, pues muchos de ellos eran mozalbetes que participaban en su primer empleo y es sabido que los ni ni de hoy en día son bastantes cómodos, no son dados a cumplir una jornada completa sin desertar. Esto lo sabe cualquiera que tenga una micro empresa. Por eso, las grandes empresas, operan con un banco de emergentes o ejercito de desempleados que rotan en sus empresas.
Y, resulta, que si importante era hacer el proceso mismo de votación y administrarlo correctamente, más importante aún, es el proceso de conteo de los votos, pero no solo el conteo, luego se debían levantar actas conformes a los diferentes tramos de votación: presidencial, congresual, municipal, preferencial, ultramar, etc., y luego tabularlos conformes a las alianzas que en unos casos se sumaban (plano presidencial) y en otros se restaban (planos congresual y municipal), junto a la presión de los delegados políticos cada uno interesado en torcer a su favor la situación de caos imperante: En pocas palabras, para el tipo de personal seleccionado “temporeros todos” escogidos al azar, principalmente en los barrios o por relaciones primarias con personal de la JCE, era imposible que pudiesen cumplir la tarea que le fue encomendada.
Agréguese a ello, el que como dijimos antes, fueron contratados por solo un día, al ampliarse y complicarse la jornada de trabajo sin expectativas de pagos de horas extras, la deserción aumentó, sobre todo a partir del momento en que iniciaron los escarceos entre los delegados políticos al saberse unos ganadores y otros perdedores, o por disputas sobre los votos nulos y la manera de computar alianzas. Moraleja, la ingeniería electoral no es un asunto que puede ponerse en manos de cualquier personal temporero, es un asunto que exige de ética y de una remuneración digna, ambas estuvieron ausentes porque el mercado es quien traza las pautadas no solo al gobierno sino a la democracia misma.
Sin embargo, ante los hechos, parece que tendremos que admitir que las iglesias y las escuelas de filosofía tienen algo que decir en materia de educación cívica, pues al parecer, no todo es dinero en esta vida, aun sea bajo el modelo neoliberal. Porque la inseguridad que estamos viviendo en nuestras calles, vecindarios y ciudades, se reflejaron ahora también en el proceso que justifica y da sentido al sistema democrático: el voto y su conteo. DLH-29-5-2016
