Keiko Fujimori, de 41 años, disputa la jefatura de Estado con el banquero, Pedro Pablo Kuczynski, de 77, primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Por Ángel Páez/IPS
LIMA, 3 Jun 2016 (IPS) – Miles de peruanos se lanzaron a las calles de Lima y otras ciudades en protesta contra el probable triunfo en la segunda vuelta electoral, el domingo 5, de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por corrupción, homicidio y secuestro.
De ganar el balotaje la candidata, como adelantan las últimas encuestas aunque reduciendo su ventaja, Perú tendría desde el 28 de julio el cuarto mandato presidencial fujimorista (1990-2000), un régimen signado por la violación de derechos humanos y el rompimiento institucional mediante un llamado autogolpe.
El 31 de mayo, y en otras dos ocasiones anteriores, multitudes de manifestantes en Lima y en las principales ciudades del país expresaron su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, en protestas similares a las que afrontó como informal primera dama durante el proceso de reelección de su padre por tercera vez, en 2000.
Keiko Fujimori, de 41 años, disputa la jefatura de Estado con el banquero, Pedro Pablo Kuczynski, de 77, primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Los dos repiten como candidatos, tras quedar ella segunda y el tercero en los comicios de 2011, donde triunfo el nacionalista Ollanta Humala.
En los últimos sondeos, Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Kuczynski, lo que podría cambiar debido a crecientes denuncias de corrupción y otras irregularidades de la candidata de la derechista Fuerza Popular, que agrupa a los herederos de Alberto Fujimori, de 77 años y recluido desde 2007 en una cárcel acondicionada en un cuartel de la Policía Nacional, en el este de Lima.
Desde el año pasado, Keiko Fujimori buscó proyectar una imagen alejada de las prácticas autoritarias de su padre, en una estrategia salpicada de ofertas populistas, destinada a neutralizar el voto antifujimorista que la llevó a la derrota en 2011.
Pero durante la campaña iniciada en enero, la candidata ha enfrentado un crescendo de acusaciones de financiamiento de origen sospechoso, manipulación de los medios, imputaciones falsas en agravio de sus opositores y otras prácticas indebidas que recordaron la actuación de su padre.
"Para nosotros que hemos combatido el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, creemos que un triunfo de su hija Keiko Fujimori significará un retroceso de las conquistas democráticas", dijo Salomón Lerner, exprimer ministro de Humala.
"Keiko Fujimori, quien en un primer momento de la campaña electoral criticó los excesos de su padre, en la última etapa ha repetido los vicios del régimen de este. Y una demostración de lo que digo, es la aparición de personajes oscuros y de dudosa reputación que trabajaron con Alberto Fujimori", dijo Lerner a IPS.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fujimori ha reportado ingresos por más de tres millones de dólares, frente a los 2,2 millones del centroderechista Kuczynski.
Entre los principales financistas de la candidata figuran antiguas autoridades del régimen de su padre o allegados a este, algunos involucrados en la actual investigación por lavado de activos durante su campaña de 2011.
En 2013, el gobierno de Estados Unidos acusó a un contribuyente a la campaña de 2011, el empresario Luis Calle, de ser "capo del narcotráfico internacional" y de dirigir una organización de legitimación de capitales.
También en 2013, la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció ante la fiscalía al congresista fujimorista Joaquín Ramírez de poseer bienes por más de 7,1 millones de dólares de origen sospechoso, al año siguiente Keiko Fujimori lo ungió como secretario general de Fuerza Popular.
La candidata dio todo su respaldo a Ramírez incluso cuando la fiscalía especializada en legitimación de capitales abrió una investigación formal en su contra.
Y volvió a ratificarlo en su cargo cuando el 15 de mayo, la cadena estadounidense Univisión y el programa limeño "Cuarto Poder" difundieron una investigación conjunta que reveló que la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés) investigaba a Ramírez.
El testigo protegido de la agencia estadounidense, Jesús Vásquez, declaró que había grabado a Ramírez cuando este supuestamente afirmó que Keiko Fujimori le ordenó "lavar" 15 millones de dólares, presuntamente obtenidos del narcotráfico, con el fin de financiar la actual campaña presidencial.
Pese al pertinaz respaldo de la candidata, Ramírez se vio obligado a dejar temporalmente la dirección de Fuerza Popular, después que las autoridades peruanas anunciaron un viaje a Estados Unidos para entrevistar a Vásquez.
Cuando se creía que el escándalo había concluido, el programa de televisión "Las cosas como son" difundió un audio en el que supuestamente Vásquez se retractaba de la acusación. Poco después la productora del programa, Mayra Albán, denunció que el audio había sido trucado y que quien lo había entregado era el jefe de campaña de Fujimori, José Chlimper.
Se trataba de una operación del fujimorismo para desacreditar al testigo protegido, cuyas acusaciones hicieron recordar a analistas y políticos opositores a la candidata y a su padre, que durante el gobierno de Alberto Fujimori, el narcotráfico fue una de las mayores fuentes de corrupción, según demostró la justicia.
Por sombras como las del narcotráfico, para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, "un triunfo de Keiko Fujimori representa para la democracia peruana, a nivel simbólico, un ejercicio de masoquismo indigno de quienes ya sufrieron el crimen y el horror del gobierno de su padre".
"Su elección supondría el respaldo de un proyecto que vulneró todos los principios democráticos", añadió quien dirigió la lucha contra la corrupción en el país entre 2011 y 2014.
"Pero como consecuencia de fondo, una victoria del fujimorismo supondría el gobierno de una organización criminal (yo creo que el fujimorismo ha sido siempre una), que esta vez tiene un potente revestimiento de formalidad, pero que ha dejado suficientes razones para sospechar que tiene serios vínculos con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero", explicó.
Arbizu tuvo una participación determinante en la extradición del expresidente Fujimori, cuando este se refugió en Chile, en 2007, tras intentar renunciar al poder desde Asia a fines de 2000 y ser destituido por el parlamento por "incapacidad moral".
La congresista Rosa Mavila presidió una comisión investigadora sobre la relación del narcotráfico con la política y emitió un informe en el que mencionaba algunos nexos con el fujimorismo.
"A fines del gobierno de Fujimori, y cuando era primera dama, Keiko Fujimori intercedió ante su padre el presidente Alberto Fujimori para que indultara a las hermanas Martínez, entonces presas bajo la acusación de presunto narcotráfico", recordó la legisladora de una alianza de cenroizquierda a IPS.
Fujimori las dejó libres y cuando en 2006 su hija fue candidata al Congreso legislativo, "las hermanas Martínez aportaron a su campaña electoral. Y este no es el único caso", dijo Mavila.
"Durante el gobierno de Fujimori el narcotráfico tuvo una poderosa influencia", afirmó.
Como ejemplo citó el caso del narcotraficante Fernando Zevallos, absuelto cuatro veces durante aquel periodo y que resultó condenado a 20 años en cuanto asumió la presidencia Toledo.
"En lugar de espantar cualquier sombra de duda, Keiko Fujimori ha defendido a acusados de lavado de activos, como es el caso del congresista Joaquín Ramírez", dijo Mavila, quien recordó cómo el dirigente fujimorista se escudó en la inmunidad parlamentaria para evitar que se le investigase.
"Inmunidad no es impunidad. Eso deben entender los fujimoristas", afirmó la legisladora.
En la marcha contra la candidata del 31 de mayo la consigna más reiterada y sonora fue justamente el rechazo a la formación en Perú de un "narco Estado", si el domingo triunfa en las urnas la hija del ahora preso Alberto Fujimori.
Editado por Estrella Gutiérrez
