Terminado el conteo y el reconteo electoral de votos, el país entra a la fase en que los inconformes inician procesos legales de reclamos por ante las juntas municipales y el Tribunal Superior Electoral (TSE), estos reclamos están precedidos de un largo proceso de reconteos de votos, al no obtener satisfacción en los mismos ahora se entra a las impugnaciones del proceso. Llegando algunos hasta la solicitud de anulación de las elecciones en algunos distritos electorales.
Ciertamente, al iniciar los procesos de impugnación, lo primero que se observa es que el país ha avanzado más que los partidos y los candidatos en la institucionalización de los mecanismos de reclamos post elecciones, en pocas palabras, los partidos y los candidatos, no están técnicamente preparados tampoco para la etapa de la impugnación ante los tribunales. De modo que lo único que pueden exhibir es una resaca post electoral que a nada conducirá. Puesto que ahora no se trata de impugnar la parte administrativa de la JCE sino de probar las alegadas irregularidades en juicios de lo contencioso electoral.
Una Junta Central Electoral variopinta, con al menos tres cabezas, no puede ser acusada de parcialidad porque su composición refleja acuerdos pluri partidistas en su conformación, de manera que no tiene sentido vociferar contra el Presidente de la JCE, ni contra ninguno de sus miembros. Así, las organizaciones de la sociedad civil, que se prestan a ese juego olvidan que, incluso, ellas mismas cuentan con intelectuales orgánicos al interior de la misma. Por tanto, sus reclamos son también resaca post electoral y nada más porque la dirección arbitral escogida los incluye, los hace parte y corresponsables del denominado “tollo electoral”. Pues, si el personal de las juntas distritales no está capacitado para el conteo mucho menos lo está para juzgar, y de ello no se debe culpar solo a la JCE, la mayor cuota la tienen los partidos que no fueron capaces de hacer aprobar una ley de partidos y aceptaron ir a la contienda electoral con esas limitaciones de todos conocidas.
Una buena iniciativa debe consistir en evaluar las deficiencias institucionales del proceso para corregir errores en futuros procesos. Sin embargo, nadie habla de ello, nos estamos limitando a coleccionar diatribas sobre lo que de antemano se sabía era un error, pues, por ejemplo, por algo habían sido separadas las elecciones congresuales de las municipales y de las presidenciales. Es de esto de lo que se debe hablar para diferir.
Todo lo demás es resaca electoral. Cuantas veces no se dijo que el país requiere de una ley sobre partidos políticos, que se requiere de una reglamentación adecuadas de las campañas electorales, de los recursos y sus procedencias, del derecho paritario en las boletas, de la Administración del proceso. Sin embargo, la casi totalidad de los partidos obviaron vías institucionales de gran importancia porque todos se creían ganadores en cualquier escenario. Lo cual prueba que seguimos con partidos anti democráticos o que, cuando mínimo, no práctican en su interior los principios democráticos que exigen a otros. Es solo cháchara y resaca post electoral.
El caso es que denunciar en la prensa deficiencias, lanzar improperios contra el Presidente de la JCE y probar ante el Tribunal Superior Electoral la comisión de ilícitos son cosas diferentes, cualquier conmilitón puede vociferar y de hecho lo hicieron a lo largo y ancho de la campaña electoral; otra cosa muy distinta es acudir a un tribunal ahí se requerirá de la técnica jurídica y del dominio de los procedimientos politológico, administrativo y constitucional.
Así, los partidos políticos descubrirán que la nación ha avanzado más que ellos en el orden democrático institucional, pues ahora no se trata de acusar sino de probar. Lo cual es indicativo de que no les quedará más remedio que incorporar a su interior los cambios institucionales que ya en los planos institucional y tecnológico, ha dado el país. Por tanto, requerirán de abogados administrativistas y constitucionalistas, pero, sobre todo, de politólogos capaces de dar respuestas técnicas a las fallas que presente el proceso pero con pruebas fehacientes. Este tipo de resaca no pasará hasta tanto os partidos descubran que llegó la hora de la politología, de la política como ciencia porque la política práctica sin la política científica ha quedado como un asunto del pasado.
Ahora no es suficiente con huelgas de hambre, ni con quemas de juntas, ni con protestas en las calles, ahora deberán aprender a pelear con ejércitos de técnicos en telemática, informática, comunicaciones, derechos administrativo, derecho electoral y derecho constitucional, los cuales deberán estar debidamente asesorados por politólogos de pura sangre donde la asesoría en campañas electorales será la nota sobresaliente. Esto no es solo producto de los cambios institucionales operados sino de la condición de sociedad compleja que presenta el país pues ya los nuevos derechos y los grupos emergentes no tienen por base a la familia sino otros componentes que han de ser no solo explicados sino comprendidos al momento de diseñar una campaña electoral y las consecuentes estrategias que conlleva junto a un arsenal tecnológico que exige nuevos conocimientos. DLH-6-6-2016
