SANTIAGO.-La jueza Ingri Liberato del Tercer Juzgado de Instrucción de este distrito judicial dictó ayer, un no ha lugar, a favor de ocho empleados de la Dirección General de Aduanas acusados en la sustracción de 136 mil 557 dólares el año pasado en el aeropuerto Cibao a la pasajera Osairy Mercedes Quezada Perdomo, a quien envió a juicio de fondo.
Mientras el Ministerio Público informó ayer que apelará la decisión de la magistrada que favorece a los empleados de aduanas Domingo Antonio Pilarte, Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera Paulino, Nery del Carmen Correa, Benito Henríquez Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y Ramón Hipólito Henríquez Tejada.
Aduanas se querelló en contra del grupo el 9 de julio del año pasado y de la pasajera Quezada Perdomo propietaria de la maleta en la que se detectaron los dólares presuntamente traídos de contrabando. La calificación del expediente en contra de Perdomo Quezada fue variado de lavado de activos a contrabando.
En ese sentido, el abogado Carlos Villanueva quien representa a Osairy Mercedes dijo que el vídeo que fue presentado como prueba por el Ministerio Público donde se observa a los empleados requisando los dólares, el tribunal determinó que fue obtenido de forma ilícita.
“Ese vídeo que ellos aportaron fue editado porque ahí participaron otras personalidades con alta jerarquía de aduanas y ellos no salen en ese vídeo”, apuntó Villanueva.
El letrado indicó que la Dirección General de Aduanas se encuentra en serios problemas con los empleados que fueron cancelados y procesados porque en la habitación donde se hizo el conteo de los dólares era utilizado como vestidor por el personal y no tenían conocimiento que había cámara de vigilancia.
“Ahora hay un tremendo lío porque esa gente van a demandar porque abusaron de la intimidad de esas empleadas porque ellos tienen fotos de esas empleadas desnudándose y ellos lo han querido ocultar y lo que hay es un tollo”, precisó el abogado Carlos Villanueva.
Apuntó, que el Ministerio Público y Aduanas no tenían pruebas con relación al caso y su querella solo estaba basada en argumentos.
“En derecho no es argumentar en probar y ellos no pudieron probar”, agregó Villanueva.
Señaló que el caso de su defendida el tribunal le varió la calificación jurídica de lavado de activos a violar la ley 34-89 en sus artículos 177 y 200 por contrabando, por entrar de forma ilegal el dinero, por lo que entiende que aduanas tendrá que negociar el pago de los impuestos.
Denunció que parte de los dólares que su cliente entró al país desaparecieron y que ahora tanto el Ministerio Público como la Dirección General de Aduanas tendrán que ofrecer detalles sobre esa situación.
“A la Fiscalía le cedieron ellos las imágenes que a ellos le convenían, es decir editaron y le pasaron lo de esos simples empleados y donde participaron los jorocones esa parte fue excluida”, manifestó el abogado Carlos Villa Nueva
Este el segundo caso de fraude contra la Dirección General de Aduanas en que se ven involucrados empleados de esa institución en esta ciudad. Se recuerda que el año 2010, varios hijos de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron acusados de cometer un fraude por más de 100 millones de pesos.
Entre los acusados de ese fraude figuran Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa, el grupo había sido sometido el día 27 de julio del 2010, y posteriormente un juez le dictó 8 meses de prisión preventiva a cada uno, y declaró el caso como complejo.
Sin embargo, después los acusados fueron liberados luego de ser favorecidos con una garantía económica. Se recuerda que la Dirección General de Aduanas retiró la querella en contra de los imputados.
