La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), respaldó la disposición del presidente Danilo Medina que ordena el congelamiento de la nómina pública y la suspensión de la contratación de personas físicas y morales que ofrecen servicios bajo contratos fundamentados en la ley 340-06, sobre Compra y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, sin previa aprobación del ministro administrativo de la presidencia.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, manifestó que es positivo que el gobierno empiece a tomar medidas tendentes a someterse a un plan de austeridad en víspera de las discusiones de un pacto fiscal.
Planteó la necesidad de realizar un plan que tienda a sanear las instituciones públicas y de una vez y por todas dejar sin efectos contratos de empleados y compañías que no desempeñan ninguna función.
Sin embargo, Potentini advirtió que este proceso de purga de la administración pública debe hacerse observando el debido proceso administrativo y sobre todo respetando en los referidos contratos las cláusulas que establecen penalidades por rescisión anticipada de los mismos.
Adujo que para la ejecución de la medida con fecha de inicio al 31 de julio, establecida y comunicada a los funcionarios mediante el oficio PR-IN-2016-13729, del Ministro Administrativo de la Presidencia, sería positivo la realización de un protocolo, a fin de evitar que se cometan atropellos y se violen normativas legales y derechos fundamentales.
Exhortó, además, a establecer mayores controles para la contratación de personal transitorio, pues esta modalidad se presta y facilita la ocurrencia de acciones clientelares.
Finalmente Justicia y Transparencia considero como oportuno el implementar cabalmente la ley general de salario, eliminando con ello las inequidades existente en el ámbito de función pública en el país.
