Raúl Mondesí, el flamante síndico de la ciudad de San Cristóbal, pasará a la historia como uno de los ejecutivos edilicios más inepto, extravagante y un amateur de la política.
En el terreno de juego sobresalió como jugador de Grandes Ligas, pero en la política ha sido un fracasado y una vergüenza para los que confiaron en él.
Al término de su mandato en el municipio de San Cristóbal dejará un verdadero caos administrativo, institucional y baja credibilidad.
Precisamente está siendo investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por los resultados de una auditoria de la Cámara de Cuentas que arrojó “malos manejos” por más de 200 millones de pesos.
Mondesí ha respondido con altanería indicando que se trata de una “persecución política” en su contra y que él es un millonario desde hace varios años que no “necesita” cargar con el dinero del pueblo de San Cristóbal.
Las autoridades deben establecer la verdad sobre la gestión municipal del ex jugador de béisbol enganchado a la política.
El Partido Reformista Socialcristiano (PRSC) que lo postuló también le corresponde un grado de responsabilidad y su dirigencia debería facilitar las documentaciones necesarias para que se aclaren las cosas.
No sería justo que el alcalde electo del municipio de San Cristóbal, Nelson Guillén, tenga que asumir una administración desfalcada, desmoralizada y endeudada sin que se apliquen sanciones.
El actual diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha advertido que las deudas que encontrará a partir del 16 de agosto no podrán ser saldadas en cuatro años.
Autonomía Municipal
El liderazgo político nacional abogó durante años por la descentralización y autonomía municipal lo que se tradujo en la entrega de mayores recursos financieros a los Ayuntamientos por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, nos preguntamos: ¿en qué ha beneficiado esto a los munícipes?
¿Los servicios de recogida de la basura por parte de los cabildos del país son hoy más deficientes que en años anteriores?
¿Por qué tiene el Poder Ejecutivo que auxiliar a los ayuntamientos frecuentemente ante el gran cúmulo de desperdicios en las calles y avenidas de cualquier ciudad del territorio nacional?
El colmo es que esos Ayuntamientos apenas se limitan a recoger precariamente la basura en las calles y avenidas de los municipios y ciudades del país, dejándole las labores de acondicionamientos de las áreas verdes, bacheo y sistema pluvial al Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Creo oportuno el planteamiento hecho por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, de aplicar sanciones contra los ejecutivos edilicios cuyos cabildos sean intervenidos por el Gobierno.
Rojas Gómez ha sugerido que a los ayuntamientos que han sido declarados en alerta sanitaria por el cúmulo de basura y que otras instituciones han tenido que intervenir, se les debe descontar un monto del subsidio que reciben cada mes por ese concepto, y entregárselos a las entidades que han ayudado.
Están en el cargo porque el pueblo confió en ellos, en sus propuestas municipales y discursos de campaña.
Pero muchos no tienen la mínima capacidad y seriedad para ejercer sus funciones.
Los gobiernos municipales en la República Dominicana tienen urgentemente que ser transformados en su visión de servicios para que la ciudadanía esté debidamente representada y lo más importante protegida.
¿Para qué sirven esos síndicos?
Los síndicos en el país son caciques, dictadores, intocables y autoritarios en el manejo y uso de los recursos que aportamos los contribuyentes y muchos de ellos sepultados por la corrupción, que no asumen sus responsabilidades con quienes los eligieron en el cargo.
Y aún más, tienen en sus manos un excelente instrumento para desde el poder enriquecerse aceleradamente con el denominado “gobierno participativo” que les permite distribuir antojadizamente cuantiosos recursos económicos entre instituciones de sus localidades. La generalidad de esas entidades creadas por los propios funcionarios municipales para perpetuarse en esas posiciones.
En las reuniones de los miembros de la Sala Capitular no se rinden informes pormenorizados de los gastos e inversiones para que la ciudadanía esté debidamente orientada.
La democracia dominicana adolece todavía de fallas que deberán ser superadas para que así tengamos un sistema representativo para cada ciudadano.
No es posible por ejemplo que un síndico de una determinada localidad se burle en forma burda de quienes lo eligieron a través del voto popular, rehuyendo a su responsabilidad previa a concluir su mandato.
¿Por qué tiene el Poder Ejecutivo que entregar recursos adicionales a los principales Ayuntamientos del país ante la debacle económica a que son llevados por la mala administración de sus síndicos?
¿O que esos alcaldes sólo sirven para saquear las finanzas municipales?
Actualmente hay más de veinte administraciones edilicias que están bajo la lupa de la Cámara de Cuentas tras haberse comprobado en auditorias efectuadas recientemente serias irregularidades financieras.
El desorden en las gestiones municipales es de tal magnitud que incluso algunos síndicos que perdieron en los pasados comicios por sus desaciertos, ahora abandonan sus responsabilidades para dejarle el problema al sucesor.
La ciudad de San Cristóbal tuvo que ser declarada en estado de emergencia y el presidente de la República, Danilo Medina, disponer que los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Salud Pública intervinieran en la limpieza de esa histórica y legendaria localidad. En menos de treinta días quedó limpio el municipio con la incorporación de 400 brigadas y un centenar de vehículos entre camiones recolectores, palas mecánicas y unidades de fumigación.
Lo mismo ha ocurrido con Santiago de los Caballeros declarado en emergencia y el síndico electo, Julio César Valentín, ha tenido que afrontar el problema previo a juramentarse en el cargo el 16 de agosto venidero.
El actual alcalde santiagués Gilberto Serrulle también fue investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por presuntas irregularidades.
También el alcalde saliente de la ciudad de La Vega, Alexis Pérez, fue interrogado por funcionarios de la PEPCA. Se les atribuyen supuestos actos de corrupción por mas 180 millones de pesos.
La fragilidad institucional y las componendas caracterizan a la Liga Municipal Dominicana (LMD), principal órgano rector de los ayuntamientos.
Ni siquiera los cementerios reciben la limpieza y protección por los cabildos impidiendo que nuestros difuntos descansen en paz.
Lo cierto es que la imagen de los síndicos del país está seriamente cuestionada y el consenso entre la población es que la mayoría de ellos solo buscan enriquecerse en el cargo.
Articulo de Manuel Díaz Aponte
Miércoles, 22 de junio del 2016
