El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) instó al país a impulsar la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, cuando sean abiertos los debates para llegar a un consenso sobre el pacto fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
La posición fue expuesta por el economista del CREES, , quien dijo que la aspiración de su institución es que haya una presión pública que no limite ese acuerdo sólo al incremento de los ingresos del Estado, sino también a una transparente administración de los mismos, para evitar los tradicionales déficits que conducen a consecuentes endeudamientos progresivos.
Entrevistado por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, expuso la posición de ese Centro, una asociación definida en sus estatutos como sin fines de lucro, defensora de la iniciativa privada, que no acepta fondos oficiales ni gubernamentales para mantener su independencia.
Declaró que hasta ahora la discusión ha sido reducida al ingreso de recursos impositivos a las arcas del Estado, sin incluir el conjunto de normas, de reglamentaciones y de procedimientos relativos no sólo a ese cobro sino y sobre todo también al gasto de esos fondos.
“En el debate ha estado ausente la responsabilidad fiscal que ha llevado a hacer aceleradas modificaciones impositivas en el manejo de las finanzas públicas, endeudándonos progresivamente. Desde el año 2000 a la fecha hemos multiplicado por siete puntos la deuda del sector público no financiero, es decir, sin incluir la del Banco Central, lo cual es una consecuencia directa de los déficits”, dijo.
Comentó que cada año el país es llevado a la situación actual, en la que más del 20% de los ingresos tributarios tienen que destinarse a la deuda y una proyección de que será casi el 25% el año próximo, lo que quiere decir que uno de cada peso recaudado está comprometido ya con la deuda, ilustró.
Di Franco sostuvo que por estas y otras razones el país debe contar con una ley de responsabilidad fiscal, con reglas, límites sobre variables como el gasto, el déficit y el endeudamiento, y que el Poder Legislativo abra una oficina que fiscalice al Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas publicas.
Fundamentó su posición en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordena en su Artículo 36 que un pacto fiscal deberá ser suscrito en el marco de una ley de responsabilidad fiscal, que incluya el gasto, no limitado a la parte tributaria.
Recordó que en la Cámara de Diputados está depositado un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal elaborado conjuntamente por el CREES y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), introducido por primera vez al Congreso en el año 2013 por cinco diputados de los partidos mayoritarios.
“Por tanto, en el país también debe haber una discusión sobre una ley de responsabilidad fiscal”, y en ese sentido recordó que en 2015 CREES también dio a conocer al país un proyecto de ley redactado por el experto en tributación Francisco Canahuate, que tiene por objetivo simplificar el complejo sistema fiscal del país.
Di Franco sostuvo que en un sistema fiscal complejo como el dominicano las altas tasas impositivas incentivan la informalidad productiva que situó actualmente en 63%, y la evasión, ilícita actividad que se constituye por tanto en el delito de ocultar ingresos para no pagar los impuestos correspondientes.
Dijo que también los sistemas fiscales complejos inducen a la elusión, esto es al retraso o a evitar el pago de impuestos mediante estrategias legales, usualmente diseñadas por expertos tributarios, o cuando el legislador descuida la precisión debida al redactar una ley impositiva.
“Nuestra propuesta toca prácticamente todos los impuestos importantes y elimina otros, pues se concentra en el Itbis o IVA, el cual tiene la tasa más alta comparado con Centroamérica, donde es de 12%, y la cuarta más alta comparada con Latinoamérica”, contrastó.
Aseguro en ese sentido que en el país no hay bienes exentos del pago del Itbis sino en ocasiones no transparentados como ocurrió el año pasado, cuando al incrementarse el Itbis los industriales de la harina tuvieron que compensar el alza reduciendo el peso o el tamaño del pan.
“Para evitar y prevenir estas ocurrencias planteamos una baja en los impuestos de los bienes a 10%, y también una reducción en la tasa del impuesto sobre la renta, ya que en la reforma de 1992 tuvimos una de las más bajas del mundo, cuando pasamos de 46% para las empresas a 30% y, al quinto año, de 25%, momento éste en que los países más ricos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tenían 36.26%. Nosotros ahora tenemos 27% y ellos 25%”, indicó.
Di Franco consideró que así, la República Dominicana, donde en su opinión persisten la inseguridad jurídica, altos costos de la electricidad, un transporte monopólico y otros factores constituyentes de una serie de distorsiones institucionales y de costos, no es posible competir con países en atracción de inversiones.
“Nos vanagloriamos de que nuestras inversiones extranjeras ascienden a dos mil millones de dólares cuando otros reciben diez veces más en un año, por lo que abogamos por la creación de un sistema fiscal menos onerosos, que fomente menos la informalidad, la evasión y la elusión, como formas locales de atraer mayor recaudaciones”, comentó.
