El nuevo marco legal cooperativo incluye multas a ejecutivos cooperativistas y la degradación cívica para funcionarios del Estado que violen sus preceptos. Las propuestas las hacen en un documento el Idecoop y el Conacoop. Se crea una Superindencia de Cooperativas.
El ante-proyecto de proyecto de ley nacional cooperativo incluye eliminación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo que sería sustituido por la Superintendencia de Cooperativas de la República Dominicana (SUPERCOOP), establece multas a los dirigentes cooperativistas y los funcionarios del Estado que violen sus normas.
Durante un encuentro nacional cooperativo desarrollado ayer en u hotel de Santo Domingo, el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, licenciado Julio Fulcar Encarnación, sostuvo que, como Diputado electo, será la voz orgánica que impulsará la aprobación del nuevo marco legal. Estuvo acompañado del profesor Antonio García Duvergé, director administrador del Ideoop.
La Superintendencia de Cooperativas tendría un Consejo Directivo integrado por cinco delegados del sector, un miembro por cada ministerio de Educación, Agricultura y Planificación y Desarrollo y el Banco Central.
Esta propuesta fue consensuado entre el sector cooperativo y el IDECOOP, con la participación de una comisión técnica conjunto de dirigentes del CONACOOP (Jorge Eligio Méndez, Víctor Paniagua Roa, Cástulo Vidal, Enrique Quiñones y Eddy Samuel Álvarez) y ejecutivos del IDECOOP (Manuel Antonio Mateo, Xiomara Cruz Domínguez y Elvin Sánchez).
En el documento dado a conocer se establece que esa Superintendencia tendrá atribuciones y recursos financieros y técnicos que no tiene el organismo regulador del cooperativismo.
Una parte de los nuevos recursos de la Supercoop llegarían por la asignación de un porcentaje de los excedentes brutos de las cooperativas, para fortalecer del sector y mejorar el funcionamiento del nuevo organismo de regulación.
El documento dado a conocer plantea la creación de un sistema de indicadores para el fortalecimiento de la supervisión y regulación de las cooperativas, acompañado de un claro y preciso régimen de consecuencias.
También se proponen protocolos para el registro, supervisión, fiscalización y control, llamados a elevar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estas funciones.
El proyecto dado a conocer incluye una normativa clara para garantizar la gobernabilidad y transparencia en la administración y gestión, así como para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
También se establece en el nuevo marco legal cooperativo que se facilitará un empoderamiento real de los organismos de integración para fortalecer su representatividad y legitimidad, asignándole el rol que le corresponde en la promoción, fomento, educación, representación y defensa del sector cooperativo.
Fulcar indicó que también se crea un claro sistema de elección, duración y renovación de los mandatos, con consecuencias para quienes lo violen, así como para quienes les acompañen en la acción.
Igualmente recomienda la normatización y regulación de las instalaciones de las cooperativas existentes, apertura de nuevas y traslados de estas.
Fulcar sostuvo que se crea un régimen de protección laboral a los promotores y dirigentes de cooperativas cerradas, mediante el fuero cooperativo al tiempo de estimular a las cooperativas de primer grado a federarse y a las federaciones para que se confederen; entre otras.
Además se crean condiciones para el fomento de cooperativas de grupos familiares, y de producción y trabajo.
El documento recoge la normativa legal aplicable al sector cooperativo, contenida en Leyes y Decretos, en que la más antigua data del año 1955 y la más reciente del año 1986.
En la propuesta legal se han recogido las inquietudes y sugerencias del IDECOOP, los organismos de integración y diversos actores del cooperativismo nacional.
