Familiares de ocho menores que murieron en un accidente de uno de los autobuses del estatal Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, ocurrido el 20 de marzo de 2011, en Aras Nacionales, Villa Mella, apelaron al presidente Danilo Medina, al de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República acatar la sentencia definitiva que dispone se les indemnice con el pago de 17 millones de pesos.
Hablando a través de sus abogados Henry Soto Lara y José Chía Sánchez, estas personas se quejan por la negativa de la citada dependencia estatal de acatar el veredicto emitido por la Suprema Corte de Justicia, y porque han sido abandonados tras la tragedia en la que perdieron a sus seres queridos.
Ambos juristas, acompañado de la señora Nury Geraldo, vocera de los familiares de las siete víctimas del referido accidente, recordaron que ya el conductor del vehículo que conducía borracho, ya cumplió la condena de 5 años en la cárcel Modelo de Najayo, pero que el Estado como propietario del autobús, a través del referido Fondo de Transporte Terrestre, no han querido acatar lo relativo a la indemnización.
Recordaron que a raíz del accidente, el procurador general Francisco Domínguez Brito se comprometió a no desamparar a los familiares de las víctimas en sus reclamaciones ante la justicia, pero que eso ha sido echado al olvido. Igual promesa les hizo la vicepresidenta Margarita Cedeño.
El abogado Soto Lara explicó que al igual que la guagua en la que se produjo el fatal accidente, hay en las calles unas ocho mil unidades en las calles asignadas a choferes, movimientos y sindicatos que están ocasionando accidentes de tránsito y cuando tienen coaliciones los incumbentes desacatan las sentencias condenatorias.
Indicó que en primer grado el Fondo de Desarrollo del Transporte fue condenado al pago de una indemnización de 65 millones de pesos, cuya sentencia fue recurrida por ante la Corte de Apelación y luego a la Suprema Corte de Justicia y en definitiva existe la condena por 17 millones en contra de dicha institución como propietaria del vehículo envuelto en el accidente.
Precisó que en esa sentencia condenatoria no se habla de los accidentes que son producidos por personas que en estado de embriaguez ocasionan muertes que llevan luto a las familias dominicana, como en el presente caso.
¨En nuestro caso el Estado no ha tenido una tutela efectiva para proteger los derechos afectados de estas víctimas , porque tenemos la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia donde un funcionario del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre se ha negado acatarla a pesar de haber hecho el procedimiento para cobrarle al Estado¨, añadió.
De su lado, el abogado Chia Sánchez, lamentó el drama que les ha tocado vivir los padres y otros familiares de los ocho adolescentes que junto a otros participan de una excursión, quienes murieron el domingo 11 de marzo de 2011 provocado por el chófer del autobús en que estos y otros viajaban, y que se determinó estaba borracho por lo que fue condenado a cinco años de prisión.
Mientras que la señora Nury Geraldo, vocera de las familias de las víctimas clamó por la intervención de primer mandatario de la nación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, a fin de que se ejecute la sentencia que establece la indemnización de los 17 millones de pesos.
Asegura que aún no se recuperan del trauma vivido, y se quejó de que las promesas que les hicieran la Vicepresidenta Cedeño de Fernández y el procurador general Domínguez Brito, de que les darían seguimiento al caso, haya quedado en el olvido
