La orden de penalizar el aborto en mayor grado vino de arriba. De los jefes políticos, eclesiales, militares, empresariales, “opus dei”… curtidos en la criminalidad de Estado contra los/as de abajo, practicantes de la doble moral a nombre de la defensa de la vida, hipócritas hasta frente a sus dioses. Convertida en consenso malvado de la lumpen burguesía y lumpen partidocracia que controlan nuestro país. Acatada por casi todos/as los/as diputados/as de todos los partidos del sistema.
En lo adelante –si se impone definitivamente la criminalización de la interrupción de todos los procesos de preñez y gestación intrauterina de la vida humana- las púberes, adolecentes o mujeres adultas violadas y preñadas, estarán condenadas a sufrir de por vida el cruel producto de ese escarnio, o a soportar larga prisión junto al personal de salud que le asista en una justa interrupción de ese embarazo desgarrador.
Igual las menores víctimas de relaciones incestuosas y abusos de familiares cercanos.
También aquellas recién embarazadas que comprueben que las incipientes criaturas que llevan en su vientre están afectadas irremediablemente por graves deformaciones. A ellas y a sus parientes solidarios les toca sufrir eternamente esa situación, solo porque han criminalizado la única manera de impedirlo sin agredir a otro ser humano, esto es, recurriendo a la interrupción de ese proceso embrionario dentro de normas científicas.
A la madre embarazada cuya vida peligra se le quiere obligar a esperar intricados procedimientos para tratar de salvar el embrión perturbador, arriesgándola en mayor grado a la muerte; sin importar la defensa oportuna de su vida en edad reproductiva, ni su condición de madre con hijos/as, ni los sufrimientos de su pareja, madre, padre y familiares queridos.
Los derechos de la mujer sobre su cuerpo han sido y pretende seguir siendo aplastado por esta dictadura de clase, clanes y genero, no solo negándole la opción a interrumpir cualquier “embarazo” no deseado (en el momento oportuno y sujetándose a los avances de la ciencia y normas de salud e higiene), sino también en casos excepcionales cargados de crueles y perdurables impactos como los enunciados.
República Dominicana es uno de los pocos países del continente en lo que perduran prohibiciones a la interrupción de la preñez incluso en condiciones tan dramáticas.
CONSISTENCIA DE LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL ABORTO.
A los gestores y beneficiarios de esas penalizaciones abusivas -integrantes de elites que regentean, en pleno disfrute de opulencia oligárquica, un sistema que derrama cifras record de mortalidad materno-infantil, de fallecimientos por enfermedades evitables, desnutrición infantil, abortos criminales, accidentes de tránsito, hacinamiento, contaminación, femenicidios, hambre, torturas, ejecuciones extrajudiciales y crueldad carcelaria- les importa más la permanencia de un embrión que daña la vida propia y ajena, que la vida misma de los ya nacidos/as.
La crueldad de ese discurso y esas prácticas respecto al derecho a la vida, ejercidas desde el poder establecido, han devenido en verdaderas atrocidades. Insisto: o desmontamos esta dictadura inhumana o la fábrica de muertes y sufrimientos seguirán creciendo impunemente.
Está científicamente sustentado que un embrión de menos dos meses (ni hablar de un feto deforme, inviable, que incluso agrede la vida de la “embarazada”) está muy distante de considerarse un ser humano y en consecuencia es un absurdo calificar de crimen o asesinato la interrupción inducida del proceso embrionario de fecundación del ovulo en esas condiciones.
Por todo esto es justo y ético autorizar por ley -estableciendo las reglas médicas y la normas de salud necesarias- la interrupción de ese proceso en los casos de preñez no deseada (por decisión de la mujer y/o de la pareja si existe, con preeminencia de la voluntad de la mujer), de peligro de la vida de la madre (adultas, adolescentes o pre-adolescentes), violaciones, incestos, malformaciones intrauterinas o inviabilidad de la criatura.
Esto procuraría, además, de garantizar derechos fundamentales, contrarrestar la tendencia a los abortos ilegales en condiciones de altos riesgos; a los que frecuentemente que se ven obligadas a recurrir -victimas de esas circunstancias, del empobrecimiento y del ejercicio inescrupuloso de la medicina- un gran número de mujeres “embarazadas” procedentes de los sectores de bajos y medianos ingresos; que son a la vez las únicas que en fin de cuentas resultan perseguidas y penalizadas, dada la impunidad que protege a aquellas pertenecientes a las clases y sectores dominantes.
El tema de la natalidad, controles y descontroles, que con frecuencia se esgrime en los países de baja natalidad, es de otra dimensión y necesita también de políticas públicas integrales según los casos y grados de sobre crecimiento o sub-crecimiento de la población.
Igual todo lo relacionado con la formación en torno a la relación de pareja, a la reproducción de los seres humanos, a la concepción y a los derechos y deberes correspondientes, conculcados desde la misma matriz ideológica medieval.
La educación sexual desde la infancia, la instrucción y el acceso a los métodos anti-conceptivos… debe ser libre e impartida a toda la población y todas las familias, sin restricciones y con facilidades. Son inaceptables los tabúes y prejuicios reñidos con los avances de la ciencia, sean religiosos o no.
Es una barbaridad que Estados que proclaman constitucionalmente su laicidad -como es el caso dominicano- terminen subordinados a una religiosidad retrógrada a la hora de legislar sobre estos temas cruciales; capturados además en la mayoría de los casos por la doble moral de una clase burguesa infectada por criterios medievales, que asume la idea del Estado republicano laico solo de manera formal y se pliega a las presiones de las iglesias.
Que empuja de paso con su gran hipocresía a la mujeres proletarias a las plazas y tugurios comerciales de los aborteros criminales, reservándole a las de su clase, a las víctimas privilegiadas de los impulsos sexuales clandestinos de la Curia católica y otras claques eclesiales enriquecidas, y a todas las mujeres protegidas por el poder del dinero, las mejores condiciones y la mayor impunidad para recurrir a esos procedimientos en centros adecuados.
En fin, en todo esto gravita una concepción que desprecia los servicios de salud como deber del Estado y de la sociedad organizada, que violenta el acceso a ellos en su condición de derecho fundamental e inalienable de los seres humanos en condiciones de igualdad.
Una concepción capitalista patriarcal que convierte el derecho a la salud, a la vida, a la seguridad social… en presas del afán de lucro de capitalistas de diversas calaña y convierte los servicios de atención en instrumentos de extorción y mercancías en venta, transformando a los/as enfermos en clientes que deben abundar para que su mezquina oferta fructifique, forzados los/as más débiles a las catástrofes económicas familiares para sobrevivir… y también para morir. La vida y la muerte como negocios.
En esta coyuntura ese tema está siendo manipulado políticamente. Por abajo el Presidente Medina ordenó desde el Palacio Nacional lo acaecido en la Cámara de Diputados, quedando con las manos sueltas y dando diversas señales de que él objetaría la criminalización aprobada con esa drasticidad, poniéndose a tono con una encuesta clandestina en la que la opinión mayoritaria favorece autorizar tres variantes de aborto terapéutico.
Esto no quiere decir que finalmente se apruebe lo observado, movido esta vez exclusivamente por el interés de aumentar la “popularidad” del presidente, ya sea por una posterior inhibición congresual inducida por él mismo o por una decisión contraria del ultraconservador Tribunal Constitucional.
