La Organización de las Naciones Unidas tiene claro de los efectos que tiene la despenalización del aborto, pues afecta mayormente a las mujeres de bajos ingreso e incrementa la mortalidad materna, entre otros efectos negativos.
Este miércoles, un grupo de experto de la ONU consideró que los planes del Congreso Nacional de penalizar el aborto, en especial el terapéutico, representa un grave retroceso al derecho a la salud sexual y reproductivita de las mujeres dominicanas.
Integran el grupo de expertos su presidenta Alda Facio; el relator especial sobre el derecho de las personas al disfrute de la salud física y mental, Dainius Puras; el relator especial sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan E.Méndez; y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.
"Exhortamos a las autoridades dominicanas a derogar todas las disposiciones legales restrictivas sobre el aborto, especialmente en casos de riesgo a la salud, incluida la salud mental, de las mujeres y niñas, así como en casos de violación o incesto y de deterioro grave del feto", recalcaron los expertos en un comunicado conjunto.
Esa petición ha sido remitida al Senado que tiene pendiente sancionar un proyecto que le fue remitido por la Cámara de Diputados, en el que se consigna la prohibición del aborto, alegando razones constitucionales, pero que muchos de los legisladores han reconocido que se debe a las presiones de las iglesias, y que de no hacerlo tendrían que pagar un costo político.
La iniciativa legislativa a sacar del Código Penal ya aprobado, y promulgado por el Presidente, Danilo Medina, en 2014,, los artículos que despenalizaban parcialmente el acceso a los servicios de aborto bajo tres circunstancias: cuando la vida de la embarazada esté en riesgo, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto.
Sin embargo, en la reforma en discusión sólo se permite la interrupción del embarazo cuando exista riesgo para la embarazada. Las mujeres que en cualquier otra circunstancia se practiquen un aborto se les establece una pena de cárcel de entre 2 y 3 años, y hasta de 4 a 10 años para los médicos.
Los expertos de la ONU han observado que en comparación con el texto del Código Penal aprobado en 2014, “la nueva propuesta de enmienda es un claro retroceso para los derechos de mujeres y niñas, especialmente en cuanto al acceso a servicios de salud seguros".
Otro argumento sustentado es que reducir el acceso a dichos servicios de salud viola el derecho de mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en el género.
“Las leyes restrictivas sobre el aborto agravan los riesgos de salud y seguridad de las mujeres y las empuja, en algunas ocasiones, a someterse a soluciones desesperadas que amenazan su vida"”, exponen los expertos de la ONU.
"Urgimos al presidente Medina y a su gobierno a que adopten todas las medidas y disposiciones necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso efectivo y seguro a todos los servicios de salud necesarios, incluidos los servicios sexuales y reproductivos", concluyeron.
