Los recientes casos de jueces suspendidos por el Consejo del Poder Judicial, máxima instancia de la Suprema Corte de Justicia, bajo la acusación de prevaricación, son un indicativo de que la justicia dominicana adolece de fallas estructurales.
Los días lunes 25 y martes 26 de julio, casi a unanimidad, los periódicos impresos (el Listín Diario solo lo hizo el lunes) publicaron títulos en portada para reseñar que tres jueces fueron suspendidos en sus funciones porque habrían recibido sumas millonarias por parte de elementos vinculados al narcotráfico.
Citaban los nombres de Víctor Mejía Lebrón, Rossó Vallejo Espinosa, ex jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y José Dionisio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo.
La Resolución número 07/2016 emitida por el Consejo del Poder Judicial destaca que esos tres magistrados recibieron dinero a cambio de variar medidas de coerción a imputados por narcotráfico.
A fines del 2015 pasó a ser un escándalo el caso de la ex jueza Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, acusada la primera de dejar en libertad al regidor Ericson de los Santos, de Pedro Brand, por el pago de RD$350 mil, suma que, según se dio a conocer, le habría entregado Arias Valera, para entonces miembro del Consejo del Poder Judicial.
Este martes 26 el periódico El Nacional trajo como título principal que abogados y secretarios del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo también “formaban parte de la mafia que manipulaba audiencias para favorecer a personas ligadas al crimen organizado, en especial casos de tráfico de droga y corrupción”.
Los casos dados a conocer en días recientes puede que sean ejemplos mínimos de los múltiples y complejos entramados que tienen lugar en ese complicado mundo que es el sistema de justicia.
Vender sentencias a cambio de recibir fuertes sumas de dinero es práctica que viene de muy atrás en el tiempo. Eso de ningún modo justifica que magistrados hagan de ello un modus operandi en los tribunales.
Iniciativas desde distintos litorales en búsqueda de mejores horizontes para la justicia son bien recibidas. Se deben tomar en cuenta, en especial cuando participa la sociedad civil empoderada, y los aportes que haga el Ministerio Público.
Pero, no hay duda, aún falta mucho por hacer. La justicia en República Dominicana sigue, y seguirá, siendo imperfecta.
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