José Adán Silva
MANAGUA, 2 Ago 2016 (IPS) – Con la exclusión de la principal fuerza opositora tanto del parlamento como de las elecciones de noviembre, el presidente de Nicaragua, el izquierdista Daniel Ortega, sume al país en una crisis institucional de insospechadas proporciones, según análisis de diversas voces consultadas por IPS.
El 28 de julio, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional legislativa tramitó con carácter de urgencia una resolución del Consejo Supremo Electoral, también bajo control de gobierno, donde ordenaba la destitución de 28 diputados opositores, entre titulares y suplentes, cuyo periodo concluía en diciembre.
Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, explicó a IPS el argumento del poder electoral para demandar la destitución del bloque opositor: no plegarse al nuevo directorio del Partido Liberal Independiente (PLI), dentro del que fueron electos en noviembre del 2011 con 31 por ciento de los votos.
En junio, la Corte Suprema de Justicia, igualmente controlado por el sandinismo, adjudicó la personalidad jurídica del PLI a un grupo cercano al gobierno, y canceló la participación de la opositora Coalición Nacional por la Democracia, que encabezaba el PLI, en las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre.
Pedro Reyes, el nuevo representante y candidato presidencial del PLI y vinculado al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había solicitado a los poderes electoral y judicial el control de la hasta ahora principal fuerza opositora. Después, también demandó la destitución de los diputados por desconocer su autoridad.
"Así, la auténtica oposición, no solamente está impedida de participar en cualquier proceso electoral, sino que se le ha arrebatado su representación en el parlamento", dijo Vigil, lideresa del grupo disidente del sandinismo gobernante.
La unicameral Asamblea legislativa era "el ámbito institucional en el que ha venido actuando, como expresión de los mínimos espacios que habían quedado del proceso de concentración de poder que el ‘orteguismo' ha desarrollado en los últimos años por la vía de hecho y mediante cambios constitucionales", analizó.
Reyes, un jurista poco conocido hasta ahora, argumentó a IPS que "las decisiones de los Poderes del Estado son de ineludible cumplimiento y nosotros, en el PLI, somos respetuosos del derecho institucional. Si otros no respetan los mandatos de los principales poderes, es problema de ellos", pero se disculpó por otros compromisos para no abundar sobre la situación.
Los diputados destituidos fueron reemplazados por suplentes de otros diputados titulares, en su mayoría del FSLN y sus aliados. Solo dos de los legisladores sustitutos renunciaron a su nuevo puesto en rechazo a lo que la oposición califica como "golpe de Estado" y entronización en el país, en la práctica, "de un sistema de partido único".
De ese modo, la Asamblea quedó bajo absoluto control de Ortega: de 91 escaños, 63 pertenecen al FSLN, dos a su aliado Partido Liberal Constitucionalista, 24 al nuevo PLI y dos independientes.
Ortega, de 70 años, integró la junta de gobierno que dirigió Nicaragua después que el FSLN expulsó del país a Anastasio Somoza, último exponente de la dictadura dinástica de los Somoza, y fue presidente del país entre 1985 y 1990, para retornar al poder en 2007. Una reforma constitucional de 2010 le permite ahora ser candidato por tercera vez consecutiva.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor general (1996-1999) y exdiputado electo en 2011 como aliado del FSLN, recordó a IPS que bajo la segunda administración de Ortega, iniciada aquel año, fueron destituidos 31 legisladores y más de 60 alcaldes y vicealcaldes.
Jarquín Anaya fue uno de esos destituidos tras criticar en el parlamento algunas medidas represivas del presidente.
"En todos estos casos de destitución ha habido abuso de poder, nadie ha tenido derecho a la legítima defensa de los cargos falsos que se le imputan para quitarnos del cargo. Es simple: una maquinaria perversa acata las decisiones de Ortega contra quienes le critican", aseguró a IPS.
Para el politólogo y analista social Humberto Meza, la exclusión de la fuerza opositora es "sin duda alguna un golpe al pluripartidismo".
"El golpe asestado al parlamento tiende a reconfigurar por completo el funcionamiento que a partir de ahora tendrá el Legislativo. Por un lado, el presidente Ortega derriba toda posibilidad de veto a sus propuestas, consiguiendo la posibilidad de alterar cualquier decisión institucional a su conveniencia", dijo a IPS.
"Por otro lado es una señal clara para la configuración que la Asamblea Nacional tendrá en las elecciones de noviembre. El control absoluto sobre el Legislativo sería, en este caso, una estrategia de neutralizar eventuales conflictos por el tema de la sucesión dentro del FSLN. Son los dos aspectos más importantes que están representados en este golpe", dijo Meza.
Para el analista, el futuro político del país avanza hacia el control absoluto de Ortega de todas las instituciones, incluidas las fuerzas armadas y policiales, cuyos actos oficiales se acompañan de la bandera rojinegra del FSLN y retratos de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
"No se trata solo de que la oposición está excluida de los espacios de decisión, sino que elimina toda posibilidad de representación a una masa específica de electores que no votan por el FSLN", adujo Meza.
"Al no tener ninguna posibilidad de representación institucional, le restaría naturalmente el camino de la protesta, pero ya vimos que esa misma oposición tiene enormes desafíos y una gran debilidad para liderar protestas callejeras", advirtió.
La exclusión de los diputados opositores fue denunciada ante la Organización de Estados Americanos y embajadas de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pero hasta ahora solo Estados Unidos expresó preocupación y rechazo por la medida.
A juicio de Meza, la abolición de las fuerzas opositoras sí crea rechazo en la comunidad internacional, al igual que otras medidas que desde 2011 ha adoptado el presidente para controlar los demás poderes del Estado, pero la solución de la crisis institucional corresponde a la población nicaragüense.
"El mundo entero informó sobre el golpe de Ortega al Legislativo, pero toda reacción externa será estéril mientras los propios nicaragüenses no consideren que la estrategia de Ortega es peligrosa y conflictiva", dijo.
En Nicaragua existen 17 partidos políticos, incluyendo al gobernante FSLN. De ese universo, seis organizaciones son formalmente aliados del FSLN y las demás fueron creadas en los últimos dos años con vistas a las elecciones de noviembre y son acríticas al gobierno.
Para la exguerrillera izquierdista Dora María Téllez, otrora integrante del FSLN, el próximo proceso comicial es atípico "y más farsa electoral que elecciones".
Ortega compite por tercera vez consecutiva desde 2006 y sin oposición destacada, sin observación electoral nacional o internacional y con un sistema electoral acusado de fraudulento y bajo control estricto del sandinismo ortodoxo.
"Ortega está diciendo al mundo que bajo las reglas democráticas no lo bajan del poder. Apela al conflicto y se basa en el control del Ejército y la Policía, más el dominio de las instituciones, para extender su dinastía familiar como lo hicieron los Somoza durante más de 40 años", advirtió Téllez a IPS.
Según una encuesta realizada en julio por la firma Borge y Asociados, Ortega tiene una intención de votos de 44 por ciento.
El porcentaje de entrevistados que dijo que no votaría por ningún candidato, que no respondió a la encuesta, o que dijo que votaría por un aspirante opositor sumó 56 por ciento.
Editado por Estrella Gutiérrez
