Santo Domingo,- El coordinador general de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción reveló que en los próximos días se producirán renuncias masivas de jueces de los distintos estamentos del tren judicial, así como miembros de la Policía entre los cuales se encuentran alistados y oficiales de distintas graduaciones.
El doctor Julio Cesar Tiburcio dijo que en el caso de los magistrados su actitud se debe a las precariedades con que se desenvuelven en su trabajo, a lo que se le agrega las presiones que desde distintos litorales se ejercen en su contra.
Denunció que hay sectores, entre los que admitió se encuentran instancias de la sociedad civil, que quieren controlar ese poder del Estado y para llevar a cabo sus propósitos recurren al descrito del trabajo de los jueces.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa DE ENTERO CRÉDITO, que se difunde cada noche a las 7:00PM para República Dominicana y los Estados Unidos por Súper Canal Caribe, el coordinador de ADOCCO aclaró que si bien es cierto que hay algunos jueces que deshonran su toga, sin embargo la mayoría de ellos son personas honorables.
Tiburcio también denunció que en la llamada cumbre del Poder Judicial que se piensa celebrar se han producido exclusiones de representantes de importantes sectores que tienen que ver con el desenvolvimiento de la Justicia en República Dominicana.
“Tenemos informes de que próximamente se producirán renuncias masivas de jueces de las distintas jurisdicciones del país, los cuales se encuentran agobiados por las presiones que algunos sectores ejercen en su contra, a lo que hay que agregarle las precarias condiciones con que se desenvuelven en su trabajo”, reiteró el profesional del derecho.
Dijo que para que la gente tenga una idea de la forma tan difíciles en medio de las cuales laboran los jueces, basta con señalar que en muchos lugares los magistrados trabajan en oficinas sin ventilación y carente de sanitarios con la limpieza adecuada.
Recordó que en la provincia de Santo Domingo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente funciona en furgón donde recientemente un abogado que litigaba en medio de esas condiciones murió víctima de un infarto fulminante.
Explicó que a eso se suma el hecho de que en el sistema de administración de justicia, los jueces son una parte, sin embargo cada vez que se produce una actuación indebida toda la culpa recae sobre ellos.
Julio Cesar de la Rosa Tiburcio dijo que por todas esas razones se hace necesario una mayor asignación presupuestaria para el Poder Judicial, para que los jueces y demás servidores pueden ejercer su trabajo con dignidad.
También habrá renuncia masiva de miembros de la Policía Nacional
El coordinador general de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio denunció también que en las filas de la Policía Nacional se producirán renuncias masivas, tanto en clases y alistados, así como en la alta oficialidad.
Tiburcio dijo que el detonante de ese malestar entre los miembros de la uniformada es el producto de la aprobación de una legislación que lo menos que tomó en cuenta fue la calidad de vida de los policías.
Dijo que resulta increíble que mientras todo el mundo está conteste de que no es posible que los miembros de esa institución pueden vivir dignamente con el salario de miseria que devengan, ese componente no fue tomado en cuenta a la hora de sancionar la pieza legislativa.
El jurista acusó a sectores que nunca han tenido que ver con la suerte de los hombres de uniforme de promover una ley que no toma en cuenta la mejoría de las condiciones de trabajo y de vida.
Sostuvo que ahora los agentes policiales están en una situación sumamente difícil ya que, además de devengar un salario que no le alcanza para alimentarse, se le ha prohibido ejercer otras labores en el tiempo que en que no están prestando servicios.
Alertó al presidente Danilo Medina sobre la difícil situación que se puede presentar en el país si se llegara a concretizar renuncias masivas de jueces y miembros de la Policía Nacional.
Recordó que esos dos importantes de la vida nacional son clave para garantizar la seguridad ciudadana, así como, en el caso específico de los jueces, la garantía de la seguridad jurídica.
