Ahora que la cabeza vieja del Ministerio Público ha sido cercena y su lugar ocupado por una figura fresca, se ha creado una expectativa esperanzadora sobre las posibilidades de que tengamos realmente una justicia operativamente funcional, pues no habrá proyecto político en marcha sino una oportunidad que debe ser aprovechada en institucionalizar el poder de acusar. Claro esto dependerá de la capacidad del nuevo incumbente para “quitar las garrapatas al buey fiscal” pues mucha gente de la que ahí pulula está ahí por razones diferentes a la que se requiere, como también es cierto, que existen unas contadas áreas donde el trabajo técnico es excelente. De modo que el nuevo incumbente ha de saber desgarrapatizar teniendo como norte la institucionalidad.
De su lado, los jueces, podrá ahora mejorar su situación ante la opinión pública, pues un Ministerio Público técnico y tecnificado, les permitirá emitir mejores sentencias conforme al sistema acusatorio que ha asumido la justicia dominicana método para hacer justicia, modelo en el cual, la voz acusadora del fiscal, es determinante al momento de probar un hecho. Esto es: en el modelo actuar el juez es un ente imparcial ante el cual se deben aportar las pruebas que determinarán la culpabilidad o no del justiciable, premisas sin las cuales el operador judicial no puede emitir fallos acertados.
De modo que los objetivos que se planteó el Jefe del Poder Ejecutivo al delinear su accionar para los venideros cuatro años de gobierno, tienen su raíz troncal no en el llamado a la Administración de Justicia a un entendimiento sobre el quehacer judicial sino en la atinada decisión de renovar el Ministerio Público. Órgano que requiere una gerencia cónsona con los objetivos -no ya del Presidente de la República-, sino de la nación. Quizás, a partir de la gestión que se inicia en la procuraduría, será difícil que otro político práctico vuelva a detentar ese cargo. Es probable que, a partir de ahora tanto la sociedad política como la sociedad civil, tomen consciencias de que esa posición pública es técnica y no política. Es decir solo debe ser ocupada por un tecnócrata con capacidad gerencial. Cualidades que adornan a la nueva cabeza del Ministerio Público. De modo que los temores que albergan algunas voces que no fueron más que beneficiarias del carácter grupal que allí reinaba, han quedado un poco anonadadas pues esperaban seguir haciendo uso del cabildeo como forma de ser auxiliar de la justicia, olvidando que en el país, el cabildeo no está regulado. Ahora deberá aprender a postular es decir a ganar casos con su pluma y con su voz y no en pequeñas cherchas de oficinas grupales.
Es buena noticia para los abogados en ejercicio quienes no tendrán nada que temer al clan del poder del Ministerio público, pues este ha quedado descabezado. De modo que el nuevo gerente debe tener cuidado y no dejarse arropar de los grupúsculos que llevan cierto tiempo dirigiendo la justicia en función de sus intereses particulares. Son ellos quienes indujeron a error al incumbente anterior. Son ellos quienes atemorizaban y manipulaban jueces desde la cátedra pasando por el estrado, los pasillos, los medios y las oficinas donde se premiaban y castigaban lealtades. Loas merece el Presidente de la República y sus colaboradores cercanos que se dieron cuenta de que debían eliminar el cabildeo en el país y la politiquería.
Es verdad, esperábamos ver ahí a un Henry Molina, a quien le sobran cualidades para ese puesto, o a un Robert Valdes cuya lealtad a Danilo Medina resistió 12 años de gobiernos de Leonel Fe; el Presidente ha preferido un perfil institucional, o mejor dicho, acorde con lo que la sociedad y la justicia esperaban. No podemos sino felicitar al Presidente y advertir al nuevo gerente que se cuide de los pequeños grupos que desde una posición lobista, pretenderán seguir controlando la justicia y dañando la reputación de jueces y fiscales. En este sentido, y tal y como lo ha manifestado el Colegio de Abogados, la defensoría pública requiere cierta reingeniería, a los fines de que su objeto no sea distorsionado ni puesto al servicio de los enemigos de la ley. DLH-18-8-2016
