La Constitución de 2010, define la educación como un derecho fundamental, sin embargo, en la práctica, la educación es una mercancía para todo el comercio que operada directa e indirectamente en la misma, y un gasto pesado para la mayor parte de la población. Dicho de otro modo, como sociedad tenemos dificultad en comprender qué es la educación y como debe funcionar bajo el Estado Social de Derecho que nos rige. Pues la educación no debe ser una mercancía ni un gasto. Más bien es una inversión y una obligación del Estado, una obligación en la cual se debe verificar la calidad de la inversión, pues, por ejemplo, si bien es cierto que el actual mandatario ha reconocido y aplicado el cuatro por ciento para la educación, la verificación de la calidad del gasto deja mucho que desear.
Primero porque las aulas que se han construido denotan una racionalidad diferente a la que requiere y demanda la nación, solo hay que ver la cantidad de escuelas levantadas desde las orillas de las autopistas, universidades y lechos de ríos y lagunas hasta los parques. Lo que prueba que la racionalidad de dichas inversiones busca beneficiar a operadores ajenos al quehacer educativo.
Segundo porque se han levantado escuelas en lugares donde no son necesarias y se ha dejado de levantar allí donde la población y las necesidades exigen que sean levantadas, por tanto, no se verifica una racionalidad conforme a la oferta y demanda de la inversión en educación.
Tercero porque no se ha deslindado el ámbito de qué inversión ha de ir a mejorar la calidad docente y cual a la de suplir las demandas de útiles escolares. No se verifica una identificación entre la enseñanza privada y la pública, es decir estamos manteniendo una brecha educativa con educación para ricos y educación para pobres. Esto es: estamos creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con lo que se viola la Constitución, la cual proclama la igualdad como un derecho fundamental.
El equilibrio se obtendría dejando la contratación de maestros en el sector privado a la libre oferta de la demanda, es decir, no se está verificando la curricula de los maestros privados y se está ignorando el hecho de que existe una diáspora magisterial de lo privado a lo público por existir hoy día mejores condiciones laborales en el sector público. Cuando lo aconsejable es que los maestros de uno y otro sistema tengan condiciones de trabajos similares o, al menos, con cierto estándar igualitario.
Este tercer aspecto no verifica los gastos superfluos o justificativos con que los colegios estafan a los padres donde la colocación desde aviones y furgones chatarras hasta personal ignorante e incapacitado para laboral en centros educativos, son cuevas donde hasta indocumentados laboran y son presentados como elementos educativos justificativos de aumentos de la tarifa escolar, mientras los maestros huyen despavoridos por las condiciones de miserias en que los mantiene el capital, por ejemplo, en el capital religioso-educativo, lo que implica que el Ministerio de Educación anda muy mal, pues donde existe institucionalidad el cambio de incumbente no debe implicar cambios radicales sino mejoras y verificaciones de lo que está mal para decirlo con palabras presidenciales. Si ha de cambiarse todo es porque allí nada funcionaba desde una perspectiva de calidad educativa.
La sociedad ciertamente es plural pero dicha pluralidad no debe ser tan extrema como para que de año en año, y para los mismos niveles, los libros de lecturas y de textos sean variados. Esa es una realidad puramente mercantil y abusiva que el ministerio educativo ignora violando así no ya su ley sectorial sino la Constitución misma. Hace ya tiempo que se han debido unificar los libros de textos de todos los grados tanto en las escuelas como en los colegios y, a partir, de ahí quien desee presentar un plus que lo haga pero partiendo de un básico obligatorio. Esto brilla, hasta ahora por su ausencia. Cuando lo correcto sería que parte del cuatro por ciento sea empelado en la compra de textos para que lleguen a precio de costo a los padres.
No se debe dudar de la capacidad gerencial que adorna al nuevo incumbente del ministerio educativo, pero llama poderosamente la atención el que en lo que el hacha va y viene cortando árboles, el bolsillo de los padres se vea también cortado por la misma hacha, sin que el gobierno haga nada para evitar estos abusos. Las asociaciones de padres de escuelas y colegios deben exigir estos derechos junto a las organizaciones de consumidores y de derechos ciudadanos que realmente luchen por un Estado Social real.DLH-22-8-2016
