Las renuncias de dos regidoras en Santiago para dar pasó a suplentes masculinos, ha sido considerado ´por diferentes organizaciones como un fraude a la voluntad popular y por tanto un acto de prevaricación sancionado por el Código Penal y violatorio a la Constitución de la República.
Recientemente y luego de ser juramentadas, las regidoras Lina Juliana Castro y María Margarita Caba de Belliard, renunciaron a sus curules en la Alcaldía de Santiago para ser sustituidas por parientes cercanos.
Ese hecho fue calificado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) como una traición a la democracia y “fraude a voluntad popular”. El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, dijo en una nota enviada a DiarioDigitalRD, que ese acto es una burla a la cuota que por ley les corresponde a las mujeres.
Pidió a la junta central electoral el investigar estas renuncias para determinar si se trata de maniobras utilizadas por los partidos políticos para defraudar las disposiciones de la Constitución, la ley electoral y el reglamento 21/2015, que establecen la obligatoriedad de incluir un porcentaje no menor al 33% a favor de las mujeres del total de candidaturas a diputados, regidores y suplentes.
Enfatizó que es un mandato constitucional previsto en el artículo 39 de la Carta Magna el de “garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
Finalmente Justicia y Transparencia llamo la atención de los partidos políticos para que descontinúen esa práctica, por demás antidemocrática y conculcadora de los derechos de las mujeres.
Por otro lado, el Foro de Juristas por la Democracia Constitucional, a través de su vocero Cándido Simón, advirtió hoy que constituye un acto de prevaricación sancionado por el Código Penal y violatorio a la Constitución de la República, las renuncias de las regidoras de Santiago que renunciaron para ser sustituidas por suplentes masculinos.
“Se trata de una burla y un engaño al electorado, por lo que sugirió a la Junta Central Electoral (JCE) abrir una investigación para que proceda penalmente contra” dijo Simón en una publicación de El Nacional.
Específico que el hecho es violatorio al artículo 146 de la Constitución, que expresa, entre otras cosas que: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
