Mediante una artimaña argumental los representantes del sector privado en las discusiones sobre el Pacto Eléctrico han pretendido convencer a las contrapartes de la necesidad de que sean suprimidas varias instituciones que, a juicio de los empresarios, “no tienen razón de ser”.
Una de ellas es la Superintendencia de Electricidad (SIE) la cual debería desaparecer para dejar que el precio de la energía eléctrica lo ponga el mercado, lo cual no sería nada pecaminoso en un mundo donde el “señor mercado” es quien manda.
La única cuestión sospechosa es que nuestra experiencia apunta a que el mercado solo opera en beneficio de quienes venden y nunca de quienes compran. Y en esto creo que no hay excepciones.
Para los señores empresarios carece de sentido la existencia de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), pues ¿qué sentido tiene que esa entidad lleve luz eléctrica a campesinos de apartadas zonas del país? Esa gente debe seguir alumbrándose con “jumiadoras” de mecha y gas keroseno aunque se les revienten los pulmones por el hollín. ¿Eso qué importa?
Esto sin hablar del reclamo de que una vez terminadas con el dinero de todos nosotros, las generadoras de Punta Catalina sean entregadas al sector privado. Sin poner un centavo, por supuesto. Los empresarios entienden que no se justifica ya la existencia del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y por supuesto debe ser eliminado.
Y es aquí donde quiero enfatizar en el carácter tendencioso del reclamo empresarial, pues si hay una institución que mejor puede justificar su existencia es Fonper, que en quince años ha duplicado el patrimonio del Estado en las empresas donde participa, ha invertido en obras de infraestructura en escuelas, centros médicos, instalaciones deportivas, unidades productivas para la generación de empleos y riquezas, solidaridad humana, en fin, miles de millones de pesos en beneficio directo de las comunidades.
En razón de que conozco Fonper puedo garantizar la pulcritud con que Fernando Rosa ha dirigido esa institución y que su gestión resiste cualquier bisturí. Dudo, al mismo tiempo, que en el sector privado haya una empresa que se gestione con más eficacia que Fonper. De modo que no tienen argumentos sólidos para oponerse a la permanencia de esa institución, a no ser la inveterada voracidad de algunos.
