Los participantes en el debate cuestionaron hasta dónde el Estado estaría dispuesto a eliminar las “nominillas”, el clientelismo, las instituciones que duplican funciones y la corrupción para que haya confianza en el Pacto Fiscal.
SANTO DOMINGO. La debilidad en las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son los principales escollos que tiene el país con miras a la firma del Pacto Fiscal propuesto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
A esta conclusión arribaron el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES); Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera; Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y Pavel Isa Contreras, profesor investigador del el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quienes participaron el Tercer Foro de Negocios “Camino hacia un Pacto Fiscal: Visiones encontradas”, realizado en esa academia.
Taveras aseguró que en República Dominicana nadie confía en las instituciones y abogó por que las entidades del Estado sean sometidas a cambios drásticos cuando se firme el Pacto Fiscal. “Hay que reformular el modelo de desarrollo productivo, porque el que tenemos actualmente ha colapsado”, sentenció.
En ese orden, Ernesto Selman, sostuvo que para aplicar las políticas públicas que permitan controlar la evasión y elusión fiscal e incrementar las recaudaciones, urge un ordenamiento institucional. El vicepresidente ejecutivo del CREES argumentó que la baja recaudación es consecuencia de instituciones débiles y observó que el Estado no está cumpliendo bien las funciones más básicas. “Hay debilidad en materia de justicia, educación, salud y seguridad ciudadana, entre otros aspectos”, planteó.
Durante la actividad, que se realizó en la Sala Julio Ravelo de la Fuente de la biblioteca del INTEC, el economista Pavel Isa Contreras enfatizó que el Pacto debe firmarse porque la insostenibilidad fiscal del país podría tener impactos económicos “severos”.
Manifestó que el Gobierno no provee bienes públicos o bienes privados con características públicas, dijo que hay un alto costo de la gestión impositiva, un gasto social muy bajo que se traduce en poca inversión en salud, justicia, educación, vivienda y seguridad pública, mientras, el subsidio eléctrico es alto.
Insistió en que el Pacto permitiría expandir y mejorar la calidad de los bienes públicos, fortalecer las finanzas, incrementar la recaudación tributaria, reducir el desbalance fiscal, hacer progresivo y efectivo el sistema tributario y fortalecer la auditoría.
En tanto, Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), criticó que los trabajadores sean quienes lleven a cuestas las cargas impositivas más altas. Abogó que con el acuerdo se logre que quienes más tienen más paguen. “El ITBIS, por ejemplo, se les cobra a los trabajadores más pobres”, indicó.
El sindicalista planteó que la corrupción gubernamental y el acaparamiento de las riquezas en unos pocos genera desigualdad social y esto derriba en aumento de la delincuencia.
Sacrificio del Estado
Al finalizar, los participantes en el debate cuestionaron hasta dónde el Estado estaría dispuesto a eliminar las “nominillas”, el clientelismo, las instituciones que duplican funciones y la corrupción para que haya confianza en el Pacto Fiscal.
Selman consideró que el clientelismo y la corrupción son dañinas y están establecidos en América Latina como especie de instituciones, lo que a juicio de Antonio Taveras ha contribuid a que el Gobierno y los funcionarios hayan perdido legitimidad ante la sociedad. Pavel Isa advirtió que hasta el momento no hay señal de que esas prácticas vayan a cambiar si no hay presión desde la sociedad civil hacia los partidos políticos.
El Foro de Negocios es una iniciativa del Área de Negocios del INTEC como un espacio abierto para la presentación y discusión de temas de contenido económico, social o de interés para la academia, los emprendedores, las organizaciones no gubernamentales y los políticos. Su objetivo es analizar trimestralmente vertientes de temas de actualidad que impacten la economía nacional.
Representantes del área de Finanzas públicas y de Hacienda fueron convocados a participar de la actividad, pero todos presentaron sus excusas.
