Tras reunirse por varias horas en la mañana de este lunes, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) expresó su pleno apoyo al presidente de e órgano, Roberto Rosario, a quien el departamento de Estado de Estados Unidos despojó de sus visados, tanto oficial como personal.
El pleno de la JCE reconoce, no obstante que es derecho de Estados Unidos de restringir el ingreso, ortogar y revocar visas a quienes considere, para entrar a su territorio como personas física, ya que como Estado ese mismo derecho lo posee la República Dominicana.
"Sin embargo, en el comunicado oficial dado a conocer en su portal, se presenta la siguiente confirmación: “La Embajada de los EE.UU., confirma que las visas del Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, han sido revocadas”; y agregan que dicha acción se ejecutó en el ejercicio de su derecho y que se hizo “sobre la base de información que salga a la luz en cualquier momento”.
La JCE agrega que en su nota, la Embajada de EE.UU., señaló que la visa otorgada al Roberto Rosario Márquez, en su calidad de Presidente de la JCE, ha sido revocada; por tanto, no se trata de una acción contra la persona, sino en su condición de representante de un órgano constitucional en el ejercicio pleno de sus funciones, tal como lo establecen los artículos nos. 212 y 275, de la Constitución Dominicana.
Entiene el comunicado que una decisión de Estado llevada a cabo por otro Estado contra el representante de un órgano constitucional de otro Estado, no puede ser despachada con una simple justificación de “información que salga a la luz en cualquier momento”.
Entiende que el Departamento de Estado está en la obligación de informar cuáles son las causales de su agravio contra el Presidente de la Institución, ya que su actuación afecta sensiblemente la imagen institucional de este órgano del Estado Dominicano.
Observa que la propia misión diplomática, en su nota, ha resaltado, hablando en nombre de su Estado, que “las decisiones sobre visas individuales no afectan la fuerte relación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana, ni los excelentes vínculos entre nuestros pueblos”.
Con la anterior, agrega, le delegación diplomática reconoce la naturaleza de sus acciones y la gravedad de la medida que sólo se justificaría en el caso de la visa otorgada al Estado Dominicano, a través de un funcionario público por la comisión de graves acciones que de ser veraces no pueden ser ocultadas.
"Si las autoridades estadounidenses tienen informaciones relevantes, deben, de manera transparente y por los canales que entiendan, aportarlas; así se evitan las especulaciones, y que el ejercicio de lo que se considera un derecho, no se pueda interpretar como una retaliación" sostiene la JCE.
Recuerda que el artículo 18 de nuestra Constitución establece que “los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración”.
"De igual manera, la JCE expresa su preocupación por la forma en que se ejecutó dicha medida, al trasladarse sin explicaciones e informaciones diplomáticamente avaladas, a nuestro edificio y oficinas, la cónsul general, en una acción que pudo ejecutar por las vías institucionales; este procedimiento, sin dudas, tuvo el propósito de evadir dar una explicación al Estado Dominicano por la vía establecida en el derecho internacional: la Cancillería, que por demás informó que a la fecha no ha sido notificada" señala el comunicado.
