Para la sociedad civil, sectores externos y una parte de la oposición, resulta difícil aceptar que hubo solo un ganador en las elecciones congresuales, municipales y presidenciales que se celebraron el pasado 15 de mayo del cursante año de 2016. Lo peor de la posición comentada es que esos sectores dicen ser democráticos cuando en realidad son antidemocráticos, pues antes de pretender gobernar sin votos deberían haberse abocado a evaluar las razones por las que el electorado los rechazó en las urnas en el pasado torneo electoral, esa democracia interna, de la que carecen, le permitiría asumir una línea política correcta. Sin embargo, han optado, como en ocasiones anteriores, por refugiarse en procónsules imperiales y en la opinión pública con el objeto de obtener mediáticamente lo que electoralmente no obtuvieron: el derecho a conformar las instituciones públicas que rigen el voto ciudadano y la justicia incluido el poder jurisdiccional.
La oposición está garantizando PLD en el poder por mucho tiempo pues la población no es tonta y de se da cuenta de que la oposición está cometiendo graves errores que la descalifican para dirigir el Estado, puesto que asumen una posición que es abiertamente inconstitucional, toda vez que es la propia constitución de la República la que establece quien o quienes deben seleccionar los jueces de las altas cortes, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, etc.
Si la sociedad civil leyese la Constitución se daría cuenta de que el párrafo del artículo 212 de la misma, establece que el Senado de la República, es quien escoge a las altas cortes y a la Junta Central Electoral como al tribunal electoral, pues la función de seleccionar esos jueces figura como una atribución del senado contenida en el artículo 80, entonces todo intento de menoscabar o bien torcer el curso que la Constitución establece en dicho proceso de escogencia, sin haber obtenido los votos necesarios para poseer representación en el Senado de la República es inconstitucional. Pero más que eso, lleva un mensaje errático a la población pues todo el mundo está de acuerdo en que se busca cuota, las que de obtenerse, implicarían hipotecar tempranamente los resultados electorales de 2020, pues compromiso es compromiso, entonces el mensaje que ello implica es negativo para la oposición.
La oposición ha debido realizar reuniones, asamblea y discusiones a lo interno de sus respectivas organizaciones para determinar qué fue lo que ocasionó su derrota, enmendar errores y aprobar una línea política con miras al 2020, pero fortaleciendo la democracia institucional intra y extra organizaciones, así como en el seno mismo del Estado. Sin embargo, ha optado por postrarse a posiciones individualistas.
La sociedad civil posee un rol diferente al de los partidos políticos, sin embargo, esta vez está haciendo causa común con una oposición descarriada lo que le podría conducir al descrédito público porque su rol, se supone, es la búsqueda de la institucionalidad democrática bajo el manto del Estado Constitucional. En pocas palabras, es peligroso que pierdan legitimidad apoyando causas contrarias a las previsiones de la Constitución del a República.
No es posible que un país que sufrió dos intervenciones militares directa en el pasado siglo XX, tenga en la oposición a hombres y mujeres que hacen causa común con el pro cónsul del imperio que nos desprecia. Ese es un error de incalculable consecuencias porque en lugar de deslegitimizar al poder, lo fortalecen y con ello echan por tierra su condición de guardianes de la democracia, pues muestran una dependencia parasitaria del pro cónsul.
No pasa un día sin que la población vea con pena cómo su clase política se degrada ante el imperio de siempre, por ejemplo, el señor Roberto Rosario podrás tener críticos y las críticas que se les hacen quizás tengan algún fundamento, pero frente a la injerencia extranjera, toca apoyar, en buen derecho constitucional, a dicho funcionario, quien ha sabido mantener en alto tanto su dignidad personal como la dignidad de su cargo mientras otros funcionarios parecían ser nombrados por el departamento de Estado pues se reúnen más con el pro cónsul imperial que con el Presidente de la República. DLH-21-9-2016
