Por Enrique Castillo Grullón. -Hace más de 52 años que los colombianos sufren directa e indirectamente los efectos de una compleja guerra, cuyo saldo aproximado es de 225,000 muertos y 45,000 desaparecidos, más de 6 millones de familias desplazadas y pérdidas económicas cuantiosas.
El inicio del diálogo para poner fin al conflicto con un alto costo, no sólo económico, sino político y social creó una gran expectativas de paz. Las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de la FARC finalizaron, aunque el camino a la paz es largo.
El acuerdo incluye abandono de las armas por parte de estos últimos, garantía de participación política de los guerrilleros, indemnización a las victimas, distribución de tierras a familias rurales y buscar una salida en torno a las drogas.
No todos los colombianos respaldan los acuerdos, como tampoco la totalidad de miembros de la FARC. El llamado Frente 1, integrado por más de 200 hombres, así como otros integrantes de los frentes 7, 16, 44 y 57 han dicho que no abandonarán las armas, según informes de la organización Paz y Reconciliación.
El documento “definitivo” de más de 250 páginas está listo. El mismo debe ser ratificado mediante plebiscito previsto a celebrarse en octubre próximo. Aunque muchos ciudadanos están en contra de las negociaciones, apoyan el plan de paz impulsado por el presidente Santos.
La inversión del Estado colombiano para cumplir los puntos del acuerdo ascendería al 2.4 del PIB, equivalente a unos 150, 000 millones de dólares. Sólo en compensar daños a victimas se destinarían 3,500 millones de dólares, según estudio de Merrill Lynch Global Research El Banco Mundial estima en 3.0 del PIB el presupuesto militar-policial, siendo el país latinoamericano que más invierte en defensa comparado con el Producto Interno Bruto.
El perdón de las victimas es la fase más difícil para alcanzar una afectiva paz en Colombia.
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