Santo Domingo. El diputado Wellington Arnaud se mostró preocupado por el manejo y la falta de revisión en las partidas de recursos asignadas a los programas sociales que implementan los diferentes ministerios que componen el Gobierno y reclamó a las Comisiones Permanentes de la Presidencia de la República, Educación, Salud Pública, Interior y Policía, Agricultura, Industria y Comercio, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, asumir de forma efectiva sus responsabilidades de fiscalizar los programas protegidos y prioritarios.
Arnaud llamó incluir de forma expresa como programa prioritario y protegido, con asignación suficiente y oportuna, el Programa Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Jóvenes en la República Dominicana, esto por los pésimos lugares que ocupa el país en ese renglón.
Sus aseveraciones son en base al informe “Estado de Situación de programas y proyectos prioritarios y protegidos: Monitoreo a sus apropiaciones y ejecución presupuestaria al 31 de agosto del año 2016”, un estudio avalado por el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la circunscripción No. 1, del Distrito Nacional, en busca de que los ministerios sean transparentes en el manejo de los recursos dispuestos para esos fines.
El documento revela que ningún programa dispone actualmente de los recursos previstos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al extremo que en 25 de los 36 programas definidos como prioritarios, el monto vigente en el Presupuesto General del Estado de 2016 es menor en RD$22 mil millones con relación a lo previsto.
Basta observar, por ejemplo, que el Programa Vivir Tranquilo, del ministerio de Interior y Policía, incluido en la Asistencia y Prevención para Seguridad Ciudadana, se estableció en el PNPSP un monto de RD$1,623.0 millones, sin embargo, en el PGE de 2016 solo se aprobó RD$707.2 millones y durante el año, de forma administrativa el Poder Ejecutivo lo redujo a RD$517.3 millones, de los cuales ha ejecutado al 31 de agosto la suma de RD$291.0 millones.
Igualmente, se podrían señalar programas vitales para la salud, como son la Salud Materno Infantil, que en 8 meses solo ha ejecutado RD$3.1 millones, equivalente al 3.1 % de RD$100 millones aprobados en la ley de presupuesto; así como, el de Prevención y Educación para la Salud con una ejecución de 1.1 %, al devengar gastos por un monto de RD$735 mil pesos de un total presupuestado de RD$700 millones.
“Las modificaciones efectuadas a los programas, tanto en relación con las apropiaciones iniciales previstas en el Plan Plurianual como en relación a las diferencias observadas entre el presupuesto vigente, en función a lo aprobado en la ley de presupuesto, siembran dudas respecto a la característica de prioritarios o protegidos que en la práctica poseen la mayoría de estos programas y el respeto al marco legal que les avala”, sostuvo el diputado por el Distrito Nacional, Circunscripción No. 1.
Dado que no se verifica la ocurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 45, de la ley No. 423-06, ley Orgánica de Presupuesto, es decir, razones de política fiscal o económica que justifiquen la suspensión transitoria o definitiva del uso de las apropiaciones presupuestarias disponibles, Arnaud entiende que la sola modificación de los montos aprobados implica de por sí una contradicción directa al artículo 20, de la ley No. 260-15, de Presupuesto General del Estado 2016.
“Los montos asignados no son más que la expresión financiera de bienes y servicios que se habrían de generar y la propia legislación presupuestaria prevé que para los casos de modificaciones de las apropiaciones en las instituciones públicas que ejecutan los programas estas deben presentar a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) la respectiva reprogramación de sus metas y resultados”, recordó Arnaud.
Sin embargo manifestó que no se reporta el cumplimiento de tal disposición por parte de las instituciones, lo que evidencia un significativo divorcio entre las apropiaciones previstas a estos programas en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y su asignación final en el presupuesto del año, algo que deplora el legislador por el Partido Revolucionario Moderno.
En ese sentido manifestó la necesidad de acentuar el nivel de fiscalización y monitoreo a esos recursos tanto por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas de la república Dominicana, como por parte del Congreso Nacional.
Finalmente, el diputado Arnaud Bisonó, expresó la necesidad de superar los niveles actuales de opacidad con los que operan, en tal sentido se recomienda al ministerio de Hacienda habilitar una sección directa de consulta ciudadana para el seguimiento en línea a la ejecución de los programas protegidos y prioritarios.
