Santo Domingo, 1 octubre 2016. A tres años de cumplirse la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Centro Bonó demanda que el Estado cumpla el compromiso instituido en la Ley 169-14, mediante el cual se estableció una ruta especial para superar las situaciones de desnacionalización y los riesgos de apatridia en la República Dominicana.
La falta de coherencia y compromisos en la aplicación efectiva de los dispositivos previstos en dicha ley, de parte de la Junta Central Electoral, hacen que la implementación de la misma no tenga los resultados relevantes esperados y que todavía se mantengan vivos los indignantes efectos de la sentencia.
El Centro Bonó lamenta que la Junta Central Electoral no haya colaborado adecuadamente en la solución pragmática a la que el país llegó y que el Congreso hizo ley de la nación, manteniéndose en una actitud arbitraria y al margen de la legalidad en lo que atañe a la reposición inmediata de los documentos civiles del denominado grupo A y al proceso de registro de los del grupo B que les fueron remitidos por el Ministerio de Interior y Policía.
Discrecionalmente y de manera caprichosa ha continuado presentando demandas de nulidad de actas de nacimiento oportunamente registradas y posteriormente rectificadas y subsanadas por la ley 169. Además ha establecido un mecanismo de transcripción de actas a un libro ilegal, teniendo como efecto principal la segregación del Registro Civil de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana.
El Centro Bonó ve con preocupación que siga sin definirse la situación del denominado “grupo B” establecido por la misma ley 169-14. El proceso de naturalización especial, previsto en dicha ley para este grupo, tampoco ha tenido los efectos esperados. El registro de la identidad y documentación de estas personas requiere de la colaboración efectiva de las instituciones del Estado que tienen a su cargo la entrega de constancias de nacidos vivos y la emisión de los actos de notoriedad de los nacimientos que ocurren fuera de centros hospitalarios. El proceso de “naturalización” previsto para este grupo depende de estas documentaciones. “Si no se brindan facilidades para la obtención de los registros de nacimiento, dichas personas vivirán en una condición de extrema vulnerabilidad y riesgo a la apatridia”, señaló Roque Féliz, vocero del Bonó.
Estas declaraciones fueron servidas durante el análisis de coyuntura que el Centro Bonó celebra los primeros sábados de cada mes. Esta vez se tituló “Rostros y Voces de las y los afectados por la Sentencia 168-13” y presentó el testimonio de Yuli Yendilien Yen y Reina Antuan, dominicanas de ascendencia haitiana con registro civil, que no están en la lista de los 55 mil actas auditadas por la JCE y que están a la espera de que ésta le habilite sus documentos. También compartieron sus testimonios Maribel Pierre y Patrick Des Jardin, quienes se acogieron al proceso de registro especial previsto en la ley para el grupo B, y todavía no han recibido ni el acta ni la residencia definitiva que ordena la ley.
El Dr. Antonio Pol Emil y la Dra. Noemí Méndez, abogados y asesores de las agrupaciones de afectados, expusieron la situación que enfrentan varios dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, particularmente de líderes de las organizaciones, que están siendo demandados en nulidad por la Junta Central Electoral, ignorando el mandato que la ley 169-14 le ordena a ésta. “Ante estos hechos, exigimos que la Junta Central Electoral detenga la persecución por ante los tribunales contra los dominicanos de origen haitiano a través de las demandas en nulidad y de las transcripciones a un libro especial de las actas que fueron oportunamente registradas en conformidad con la ley”, señaló Ana Belique, vocera de Reconocido.
“Esperamos que las instituciones del Estado dominicano coadyuven en buscar salidas viables, satisfactorias y justas, apegadas a los convenios internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el país”, indicó Roque Féliz, vocero del Bonó.
