El Estado Nación se ha organizado -en el plano jurídico- como estado legislador, este tipo de estado entiende que los denominados derechos fundamentales de primera generación son derechos negativos, esto es: derechos para los cuales el Estado no tiene que erogar recursos. Este razonamiento es a todas luces falaz, pues pretende ocultar la naturaleza clasista del Estado surgido de la Revolución Francesa de 1789, el cual, es el estado de una clase social específica sobre las demás. Ya desde el siglo XIX, muchos pensadores se dieron cuenta del engaño y correspondió a Bismarck en Alemania, ser el primero en buscar la manera de minimizar las desigualdades que ocasionó el llamado Estado Nación o Estado legislador, para conseguirlo, transformó el Estado liberal en Estado Social. Poco a poco, el resto de Europa, fue asumiendo dicho estado e incluso, Estados Unidos, asimiló el concepto. Es decir: los europeos observaron que los presupuestos en educación y salud no eran un gasto sino una inversión positiva y conveniente para el sistema democrático.
Latinoamérica vive un intento permanente de consolidar el Estado Social, la República Dominicana, tuvo algún progreso en ello con Trujillo (su seguridad social y su derecho laboral). Juan Bosch intentó ampliarlo, y, desde 2010, existe entre nosotros, una constitución que proclama el Estado Social, pero el presupuesto nacional no refleja ese mandato constitucional porque se da prioridad a las exenciones en favor de los ricos debido a un cambio hacia el paradigma neoliberal que surge en la década de los años setentas del siglo XX, la llamada Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, introduce modificaciones sustanciales al modelo de Bismark: al plantear el regreso al Estado liberal, esto es: anular las conquistas sociales obtenidas por las clases subalternas que Bismarck había dotado de un conjunto de derechos sociales (como intenta hacer Temer en Brasil). El argumento es mendaz: se parte del supuesto de que el estado no puede asumir los costes de la educación, de la salud y de la seguridad social, etc., de los ciudadanos vulnerables porque carece de los recursos para ello, porque constituyen un gasto. Cuando la verdad es que el rol del estado social es precisamente equilibrar desigualdades mediante el presupuesto.
A partir de ahí se ha planteado que los derechos sociales o de segunda y de tercera generación, tienen un costo incosteable, puesto que son prestaciones estatales, mientras que los derechos de la burguesía y de la oligarquía son derechos negativos, es decir derechos que no requieren financiamiento estatal. Nada más falso. Pues lo primero es que los derechos sociales no son gastos sino inversiones que aumentan la productividad y el bienestar bajo el capitalismo social o equilibrista. Además, el neoliberalismo ve con buenos ojos que el estado vaya en auxilio de los pudientes, por ejemplo, todas las universidades privadas reciben recursos cuantiosos del Estado. Esto sí que es una distorsión pues el estado está subvencionando a los que más pueden en desmedro del vulnerable, violando así la Constitución. El punto es que dichos derechos han sido atacados aun en lugares donde nunca han existido realmente como es el caso dominicano.
Desde entonces, se dice que la educación, la salud y la seguridad social conjuntamente con el salario, son gastos que hacen ineficiente la inversión capitalista, cuando es todo lo contrario. En razón de que todos los derechos conllevan erogación de recursos, para garantía de los derechos de primera generación, se creó el Poder Judicial, el poder electoral, el financiamiento de los partidos políticos, una burocracia estatal profesional, etc. Pero de esto no se habla, porque se entiende normal, natural, que el estado clasista asista a la clase que tomó el poder político en 1789 y se niegue los derechos de la clase que ascendió al poder político a partir de 1917. De donde se infiere que se viola la Constitución del Estado social todas las veces en que el Estado descuida un derecho social para financiar uno no social.
Así, cuando se habla de hacer realidad la política social de Bismarck, la cosa cambia, se dice entonces que los derechos sociales son derechos prestacionales que el Estado no puede suplir. Cuando la realidad es que el gobierno no hace sino destilar un tinte clasista cuando así responde. Por ejemplo, a los reclamos que hace la Universidad pública del país.
A esta se le exige transparencia en los recursos que emplea, -con lo que estamos de acuerdo- pero nunca se ha auditado ni se somete al escrutinio público, las inversiones que el gobierno hace en los centros privados de enseñanza superior. Es más, se ha llegado al colmo de igualar, por vía legal, los funciones programáticas de la UASD con aquellas de las universidades privadas. Cuando lo procedente es que los programas de la universidad pública vayan a tono con los objetivos programáticos del Estado Social y se permita a las privadas cumplir su rol de entidades de libre empresa.
Este golpe neoliberal a la educación de los pobres viene de antes del gobierno de Danilo Medina pero no hay dudas de que Danilo ha aceptado gustoso el papel de verdugo de la UASD y de gracioso ante los reclamos no transparentes de las universidades privadas.
Olvidando que esta es su Alma Mater. Si la cordura no llega, la Constitución habrá de imponerse por vía jurisdiccional, pero estamos seguros de que Danilo Medina no querrá entrar en litigio con su alma Mater, ni con las enseñanzas de Juan Bosch, por tanto, se impondrá el estricto cumplimiento del 5% que la ley manda le sea entregado a la UASD. En cambio, la más vieja alta casa de estudios ha de seguir comprometida con la transparencia sino que desde ya debe entrar a un proceso de saneamiento que despejen cualquier duda razonable sobre el real destinos de los recursos que sean entregados a la UASD.
El dialogo ha iniciado ya y para noviembre, Danilo estará en su Alma Mater. David La Hoz-15-10-2015
