SANTIAGO.- Dos personas resultaron heridas de balas esta mañana, durante enfrentamientos entre invasores de terrenos y agentes de la Policía, en la segunda etapa de desalojo del residencial Cerros de Doña Julia, al sur de la ciudad, cuya propiedad es reclamada por 550 adquirientes que fueron estafados hace doce años por una empresa constructora.
Uno de los heridos fue identificado como el pastor Braulio Bolívar Balbuena, de 45 años, sufrió un balazo en el abdomen y fue trasladado al hospital regional universitario José María Cabral y Báez.
Hasta media mañana de este viernes no había sido identificada la otra persona herida. Según testigos, ambos fueron alcanzados por los disparos cuando oraban en una especie dentro de una casucha que iba a ser desalojada, a las que se introdujeron minutos antes.
Sin embargo, el general Héctor Hernández Vásquez, director regional Cibao Central de la Policía Nacional, negó que fueran agentes de la institución quienes dispararan contra los heridos.
Desde tempranas horas los revoltosos quemaron neumáticos y lanzaron piedras a las autoridades judiciales y policiales que practican el desalojo, lo que obligó a los uniformados repeler la agresión con bombas lacrimógenas.
Como consecuencia de los efectos de los gases, fue necesaria la suspensión de las clases en el politécnico Don Bosco, en la escuela Herminia Pérez y otros centros educativos.
Mientras que la abogada Karina Morel, quien representa a los legítimos propietarios de los 52 mil 258 metros cuadrados de terrenos que fueron invadidos, señaló que sus clientes poseen los títulos de propiedad, avalados por 19 sentencias de los tribunales que los respaldan.
Morel explicó que los predios de Cerros de Doña Julia fueron vendidos por una empresa constructora en el período 2000-2004, con la promesa de urbanizarlos en tres etapas, compromiso que no completó y dejó a los adquirientes en el limbo.
“Comenzamos esa lucha en los tribunales a incoar demandas en daños y perjuicios para que nos entreguen nuestros títulos y una de ellas culminó con un proceso de embargo inmobiliario, donde Luciano Fernández fue el adjudicatario y nosotros tuvimos que volver a comprar ese proyecto”, apuntó la letrada.
Precisó que luego de ese proceso obtuvieron el titulo original de ese inmueble, del que se desprenderán los certificados que amparan los derechos de propiedad de los verdaderos 550 adquirientes.
“Mientras estábamos en los procesos de definición legal en los tribunales detrás de los títulos, algunas personas comenzaron a invadir los terrenos y a venderlos en 5 y 10 mil pesos y por eso los invasores alegan que son de su propiedad, cuando en realidad fueron víctimas de una estafa colectiva”, agregó.
Apuntó que lo que ha ocurrido hoy es la ejecución de la sentencia definitiva, en cuya acción actúan las autoridades judiciales amparadas en la fuerza pública, que fue emitida por el abogado del Estado, en virtud de todas las resoluciones de los tribunales que favorecen a los 550 propietarios.
El proceso de desalojo cumplió su primera fase el pasado viernes 7 de octubre, ocasión en que se acordó posponer la conclusión de sacar de los predios a los invasores, a fin de que abandonaran pacíficamente el área, acuerdo que no cumplieron.
