El gobierno de Nicolás Maduro resiste al pueblo Venezolano que reclama más democracia y al mundo que le pide respetar sus propias leyes, una situación que avanza hacia un abismo institucional que podría terminar en una sangrienta guerra civil.
La oposición venezolana que controla la Asamblea Nacional se ha atrincherado ante la decisión del régimen de desconocer sus decisiones, lo que para ellos constituye una ruptura con el orden constitucional.
Las manifestaciones en las calles de la población son contrarrestadas con la movilización de los llamados colectivos que apoyan al gobierno chavista y las amenazas de represión contínua.
Mientras eso ocurre, la comunidad internacional está expectante y reclamando al Gobierno y a la oposición que se sienten en la mesa del diálogo, lo que parece improbable en los actuales momentos.
El boicot decretado por el órgano electoral de ese país a la convocatoria del revocatorio a Maduro, contemplado en la Constitución de la República, impulsada por el propio chavismo, es el detonante de la mayor crisis, pues es la vía legal y democrática que existe para resolver el conflicto sin violencia.
Este mismo jueves los cancilleres de UNASUR anunciaron una reunión para discutir la situación venezolana. Otros 12 países de la región han exigido al gobierno de Maduro que acate el mandato constitucional, base de acuerdo a ellos para que se realicen el dialogo con la oposición.
