Participación Ciudadana sostiene que luego que la Empresa EMBRAER admitiera el soborno, falsificación y sobrevaloración en contratos en 4 Estados por la compra de los aviones Tucanos, el ministerio público debe cumplir con su responsabilidad de investigar, identificar y acusar a los autores y cómplices, responsables de los delitos de sobrevaloración y soborno a funcionarios del Estado dominicano involucrados en dicho caso.
El movimiento cívico no partidista, recuerda que desde el año 2007 se denunció que los montos de compra eran muy elevados en vista de que los 8 aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería, mientras que esos mismos aviones adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor.
Sostiene que después de 9 años el escenario es otro; “la empresa EMBRAER admitió el soborno y falseo de datos en los contratos a funcionarios en India, así como soborno a funcionarios de Arabia Saudita, República Dominicana y Mozambique, para ser beneficiarios en la compra de sus aviones”.
Explica que en el caso de República Dominicana, se incrementó los valores del contrato para desembolsar conjuntamente con el precio, los pagos a funcionarios con influencias en las compras militares y en la aprobación del contrato en el Congreso Nacional.
Dicho reconocimiento, continua explicando el movimiento cívico, fue admitido frente a las investigaciones realizadas desde el 2010 por la Agencia Reguladora del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Dicha empresa tiene acciones colocadas en la bolsa de valores de Nueva York cuyos pagos de soborno pasaron por el sistema financiero de EE.UU” agrega la nota enviada por Participación Ciudadana a DiarioDigitalRD.
Dijo que la referida empresa acordó pagar US$205 millones a Estados Unidos y Brasil para cerrar el caso, US$107 millones en penalidad por esas acciones y entregará US$98 millones en multas y compensaciones por las ganancias producto de prácticas corruptas a la Agencia Reguladora del Mercado de Valores de EE. UU.
Precisó que estos detalles fueron dados a conocer a través de notas de prensa oficiales del Departamento de Justicia y cobertura de los diferentes medios de comunicación.
Enfatizó que en el caso de la República Dominicana, el ministerio público debe asumir un compromiso efectivo y perseguir los actos de corrupción aún frente a los opositores estatales y militantes partidarios, que son los que dentro y fuera del Estado defienden y se benefician del crimen organizado.
“El modus operandi de los autores y cómplices constituye una red criminal estructurada, sustentada por los compromisos silenciosos o de conveniencias para el ejercicio del poder, incentivados por la política clientelar que impide el ejercicio de la independencia funcional del ministerio público y la imparcialidad del juez” se indica en el comunicado.
