Participación Ciudadana (PC), Movimiento Cívico no Partidista, presentó el Informe “Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en el Ejercicio de sus Funciones”. Esta nueva investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional creado en 2013, se enmarca en el Programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ), con el financiamiento de la USAID.
El Programa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ciudadano a la política de prevención y persecución del delito en la República Dominicana, mejorando el clima de diálogo entre los actores de la seguridad ciudadana en las reformas iniciadas.
Según los datos aportados por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional al Observatorio de PC, en 2015 se dictaron 1,882 medidas disciplinarias contra miembros de esta institución. El 75% de los 513 agentes cancelados fueron separados del servicio por actos de corrupción y se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 agentes.
El 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13% fueron expedientados por agresiones y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad. El exceso de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos por los que la Institución policial envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.
El Informe llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales. En 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales 177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional. En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en la República Dominicana.
Aunque justificadas como muertes en defensa propia y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron que estas ejecuciones extralegales son graves violaciones a los derechos humanos. Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación e impunidad gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.
Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, los fiscales del Ministerio Público han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos. Sin embargo, tal como manifestó la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos. Por el contrario, el Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04).
