Juristas contemporáneos definen las constituciones actuales no como contratos sociales vinculantes sino como poesías sujetas al vaivén de los poderes facticos, el trípode de poderes tradiciones: Ejecutivo, legislativo y judicial, carecen de poder real frente a los poderes faticos públicos y privados, más bien, son marionetas de esos grupos que permiten mantener a los pueblos sometidos al arbitrio de sus dominadores. Por tanto, las constituciones son más bien compromisos políticos que mandatos concretos de gobernar, esto lo observa el país con lo que ocurre con la escogencia de los integrantes que formarán la nueva Junta Central Electoral conforme al contenido del artículo 212 de la Constitución de la República, hace dos semanas que el órgano encargado de dicha escogencia, el Senado de la República, dijo que escogería a los nuevos integrantes de la entidad que administra los colegios electorales de la nación; sin embargo, dicho órgano ha entrado ya en la tercera semana de posposición de dicha selección, motivado en el hecho de que los grupos de poder intra y extra gobierno, no acaban de ponerse de acuerdo sobre quienes habrán de integrar la nueva Junta Central Electoral. En pocas palabras, los hechos muestran que el Senado es consciente de que otros deciden por él. De donde se infiere que la voluntad popular ya no existe, o bien los supuestos representantes del pueblo, representan intereses particulares o de grupos pero jamás el interés general de la República. Nunca como ahora la voluntad general ha sido una ficción en manos de personas que no hacen mérito a la responsabilidad puesta bajo sus hombros.
La opinión pública, observa impávida y depresiva, cómo diferentes grupos faticos proceden a impugnar a su antojo a diferentes ciudadanos que aspiran a formar parte de la nueva JCE, solo porque no son de su agrado o, porque representan intereses opuestos a los suyos. A la vez que, gozosos, dicen a los cuatro vientos cual candidato es de su agrado y cual no. El punto es que ha quedado al descubierto -para el observador más humilde de la ciudadanía-, el cómo la misión de gobernar que el repetido artículo 212 pone a cargo del Senado de la República, se reduce a un acuerdo compromisario que solo se romperá cuando los escogidos actúen diferente a como los grupos del compromiso esperan que actúen, nunca bajo el manto del interés general de la República.
En pocas palabras, los actuales integrantes de la JCE, fueron escogidos bajo un proceso compromisario idéntico al que ahora seleccionará a sus sucesores, de donde se infiere que los actuales perdieron la confianza de los grupos facticos que hoy les impugnan, o, lo que es lo mismo, que los futuros integrantes –deben desde ya- saber bien que se deben a ese compromiso político que hoy se incuba más que a la Constitución o al órgano que habrá de oficializar su selección. Porque a eso se reduce -en la actualidad-, la facultad del Senado, podrán oficializar a los nuevos pero nunca seleccionarlos, escogerlos, nombrarles ni designarles, pues hoy en día dicha facultad es potestativa de los poderes faticos. Y pensar que a eso llamamos democracia.
Desde el propio siglo XIX, en que aparecieron los partidos políticos, se dijo que los mismos eran una pesada carga que, a la larga, burlaría la voluntad popular y pondría en peligro la institucionalidad democrática, toda vez que grupos de poder, pasarían a distorsionar el mandato constitucional de gobernar otorgado a un partido por el pueblo, para en su lugar y de forma indirecta y oculta, pasar a ser peones de los grupos de poder.
Los partidos políticos que se dicen garantes del sistema democrático son los que más contribuyen al descrédito de la democracia, gracias a los compromisos que adquieren frente a grupos de poder que controlan su accionar. Cuando, la acción de los grupos busca apoyar la institucionalidad democrática, podría hablarse de institucionalidad, pero cuando el objeto es incidir hasta torcer la fuerza del voto, y lo que se busca es gobernar sin votos, lo que se hace es desacreditar la incipiente democracia junto al Estado de Derecho que -se dice- estamos en proceso de construir. DLH-13-11-2016
