Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, 13 nov (PL) Con el nuevo pacto suscrito por el Gobierno colombiano y las FARC-EP comienzan a despejar la espinosa ruta de la paz, temporalmente entorpecida por los resultados del reciente plebiscito.
Aunque ambas partes consideraron que el anterior consenso -rechazado por la mayoría de los participantes en esa consulta- contenía las reformas y medidas indispensables para terminar un largo conflicto y construir de conjunto un escenario de distensión, el resultado de ese ejercicio democrático los obligó a perfeccionarlo.
Luego de complejas discusiones en la capital cubana a partir de las propuestas emanadas del diálogo nacional desarrollado en Colombia, los dos equipos de negociadores dieron a conocer el convenio definitivo para acabar con la confrontación y garantizar la reincorporación a la vida civil de los futuros desmovilizados de esa agrupación guerrillera.
Los representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) discutieron en torno a 57 ejes temáticos, en 56 de los cuales decidieron incluir precisiones, ampliaciones o modificaciones.
En esencia, según el presidente Juan Manuel Santos, el texto actual consigna de manera clara que ese movimiento rebelde tendrá que declarar y entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas de la contienda, de lo contrario perderían los beneficios previstos en el tratado.
Asimismo el escrito explica los términos de la restricción efectiva de la libertad, pues en correspondencia con lo concertado los espacios donde deberán permanecer los sancionados no excederán el tamaño de las ya proyectadas zonas de transición, igualmente abarca los horarios en que cumplirán las penas restaurativas.
Además la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), encargada de aplicar la justicia transicional a responsables de la guerra, funcionará hasta por 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros, con participación exclusiva de jueces colombianos, aunque admite asesoría de juristas foráneos.
El mandatario explicó que las FARC-EP no conseguirán curules o escaños parlamentarios a dedo, al contrario deberán concurrir a las elecciones para acceder a ellos.
Al anticipar algunos de los puntos contenidos en el consenso, el gobernante comentó que aunque se mantiene el compromiso con el campo, con la recuperación de esas áreas castigadas por la conflagración, el texto ratifica el respecto a la propiedad y la iniciativa privada.
No desistiremos de la lucha contra las bandas criminales, del combate contra el tráfico ilícito de drogas, la transformación de las zonas rurales, insistió el abogado Humberto de la Calle desde La Habana.
El trato obliga a los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.
Dicho documento será socializado a partir de ahora con distintos sectores del país, discusiones que en algunos casos serán lideradas por sus propios redactores, o sea, los negociadores del Gobierno en los diálogos con las FARC-EP.
A pesar de que tal paso resulta decisivo en la ruta de la paz, resta todavía determinar la forma en que serán refrendados e implementados los acuerdos, frente a una gama de posibilidades que incluye la tramitación directa a través del Congreso o la aprobación mediante los Cabildos Abiertos (reuniones con amplia participación ciudadana).
En su última alocución el jefe de Estado llamó a la unidad y la reconciliación en torno al último trato, que calificó de muy superior en comparación con el previo.
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