La nueva Cámara de Cuentas de la República debe estar conformada por hombres y mujeres honorables, que además de la capacidad y honestidad exigidas por la normativa existente, deben ser personas íntegras, de gran fortaleza moral, que no estén cuestionadas ni involucradas en escándalos públicos, que no ejerzan labores partidarias; que le duela el país, esto es, que tengan una férrea voluntad para combatir el flagelo de la corrupción administrativa y que no se presten a componendas.
La CCRD es el órgano llamado a ejercer el control superior de la fiscalización externa de los recursos públicos, lo que representa una gran responsabilidad y delicadeza. Es por ello que el mismo no puede ser cualquierizado, contaminado ni festinado en su conformación.
Esta institución debe ser un ejemplo para las demás entidades públicas en el cumplimiento de la normativa jurídica prevaleciente y en la conducta de sus integrantes. Es una institución muy técnica por lo que no todo el que quiera puede ser parte de ella.
Es muy preocupante la gran cantidad de personas que están aspirando a formar parte de la misma, pero no todos tienen el perfil ni cumplen con los requisitos exigidos para desempeñar tal función, pues tienen un criterio equivocado y distorsionado de esta institución y ni remotamente, conocen cuáles son sus funciones y sus responsabilidades.
La CCRD debe ser fortalecida cada vez más, tanto en el aspecto de sus recursos humanos, como en su plataforma tecnológica, por lo que debería contar con una mayor asignación presupuestaria, para que continúe aumentado la confianza, la credibilidad y el respeto de la sociedad.
Lo primero que hay que conocer es la ley por la cual se rige, la No. 10-04; cuál es su presupuesto; entender que este es un órgano colegiado, no individual, por lo que nadie puede hablar de proponer, sugerir o recomendar, porque las decisiones se toman por medio del voto de la mayoría.
La Cámara de Cuentas de la República debe contar con el apoyo de la Contraloría General de la República, que ejerce el Control Interno o previo; con el Congreso Nacional, que ejerce el Control Legislativo y con el Control Social, que es ejercido por la sociedad civil. Eso debe ser así ya que las labores de fiscalización de los recursos públicos y el combate al flagelo de la corrupción, no es una tarea exclusiva de esta institución, sino, de todos ellos, los cuales conforman el Sistema Nacional de Control y Auditoría.
En la medida que el Control Interno previo es ejercido con eficiencia, la función de la Cámara de Cuentas será también más efectiva, eficaz y más económica.
Pero para que esta institución continúe ganándose el respeto, la confianza y la credibilidad de la sociedad, independientemente de la cantidad, la calidad y la oportunidad de sus auditorías, hace falta que se aplique un régimen de consecuencias a los que distraen o hacen un mal uso de los recursos públicos, porque cuando no se aplica esta medida, se convierte en un estímulo a la corrupción, en una motivación para que se continúen cometiendo irregularidades y actos dolosos, reñidos contra la moral, el pudor y las buenas costumbres.
De ahí la necesaria modificación a la ley 10-04, de tal manera que se le otorguen poderes especiales a esta institución, para que pueda garantizar que los daños ocasionados a las entidades públicas, municipales y al Estado Dominicano, sean subsanados y resarcidos.
El Poder Ejecutivo es el más llamado a empoderar a la Cámara de Cuentas de la República ya que es al que más le conviene, pues cuando ésta logra evitar la distracción de los recursos públicos, el Estado Dominicano podrá disponer de ellos para poder enfrentar la gran demanda de obras y servicios y disminuir la gran deuda social acumulada, así como la inmensa deuda pública que nos agobia.
Esta institución, aún dentro de sus limitaciones, puede exhibir grandes logros, avances, cuantitativos y cualitativos, pero todavía tiene muchos retos que enfrentar. Ojalá que los mismos no sean tirados por las bordas.
