El Senado, el ministerio de Defensa y las compañías de seguridad privadas analizaron con el Superintendente de Seguridad Privada de Colombia, doctor Carlos Alfonso Mayorga Prieto, sus experiencias en los servicios de seguridad privada, en la búsqueda de una ley moderna en el país.
Los senadores Adriano Sánchez Roa y Pedro Alegría, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Senado, junto al Superintendente dominicano, general Amílcar Fernández, encabezaron una video-conferencia del doctor Mayorga Prieto, donde los dueños y directores de las compañías dominicanas escucharon el funcionamiento de esos servicios en Colombia.
El proyecto de ley de Seguridad Privada, de la autoría de Sánchez Roa, persigue regular e impulsar los guardianes de seguridad, el transporte de valores, la seguridad electrónica y los detectives privados en el país, que agrupan a unos 42 mil miembros en la Republica Dominicana.
El doctor Mayorga Prieto explicó que en Colombia la Seguridad Privada es un servicio de orden público, bajo la regulación del Estado y que es parte de la seguridad ciudadana, según una ley directamente del sector.
“El interés nuestro es que se garantice un servicio complementario a los esfuerzos que hace el gobierno en la seguridad ciudadana, para los cuales hay que tener guardianes preparados, sin tachas, con salarios y pensiones justas, horarios prudentes, y compañías rentables”, dijo Sánchez Roa.
El proyecto de Ley de Seguridad Privada plantea en el artículo 3 la creación de la Superintendencia de Seguridad Privada, con sus siglas SSP, y sustituyendo la actual Superintendencia creada por decreto, entidad estatal que sería descentralizada, autónoma con patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía financiera.
El senador Pedro Alegría dijo que dentro de los esfuerzos para una seguridad ciudadana cada vez más fuerte, es importante la solidez de las empresas y los servicios que estas ofrecen, por lo que llamó la atención de los salarios que perciben los guardianes.
En tanto que el general Amílcar Fernández informó que en breve presentarán al Senado un conjunto de modificaciones consensuadas con las compañías privadas, a fin de que definitivamente se llegue a una ley fuerte y aceptada por todos.
La Superintendencia de Seguridad Privada promoverá, regulará y fiscalizará las entidades, servicios o actuaciones del personal y medios en materia de seguridad privada y sus modalidades en todo el territorio nacional, normando las actividades de las empresas y personas que se dedican a las actividades de seguridad privada.
Además, la Superintendencia de Seguridad Privada deberá velar por la transparencia de las operaciones de las empresas que conforman el sector a través de la difusión de toda la información que sea necesaria, y aplicar las sanciones administrativas y los cargos pecuniarios, sin perjuicio del ejercicio de las otras acciones legales que fueren necesarias.
También, promoverá el desarrollo de los servicios de seguridad privada, implementando el principio de garantía de protección a los ciudadanos y sus bienes; garantizará la prestación de servicios de seguridad privada con características de calidad y precios que se traduzcan en la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva.
