SANTIAGO.-La Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Procuraduría, incautó la tarde del miércoles, el centro de diversión Pasión Night Club, durante un allanamiento realizado en dicho establecimiento, ubicado en la autopista Duarte en la comunidad Canabacoa, de aquí.
Ayer, miembros de la unidad antivalado colocaron en la puerta de entrada a dicho establecimiento un letrero, donde indica que ha sido incautado por el Ministerio Público.
Desde el año pasado existe un proceso judicial abierto, bajo la acusación de proxenetismo y explotación sexual de mujeres en dicho establecimiento y se mantienen con medidas de coerción consistente en prisión preventiva, desde julio pasado, el administrador, José Gómez, y al cajero, Juan Estrella.
Ambos guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey hombres, de esta ciudad, luego que jueces le han ratificado la medida de coerción consistente en prisión preventiva.
La fiscal titular, Luisa Liranzo, al ser consultada sobre el particular, recordó que el pasado 1 de diciembre, presentó una acusación formal en contra de los imputados. Liranzo, señaló que las investigaciones con relación a, Pasión Night Club, han concluido.
“Ninguno de los casos de proxenetismo han tenido variación en sus medidas de coerción”, apuntó hoy la fiscal titular de aquí.
Adelantó la representante del Ministerio Público aquí, que este mes los imputados que fueron procesados por el caso, Pasión Night Club, tendrán audiencia.
Este es el segundo negocio de este tipo intervenido por las autoridades, pues en mayo del año pasado fue clausurado el club nocturno Casa Blanca.
Allí fueron rescatadas 45 mujeres venezolanas y colombianas, que se asegura eran utilizadas para la explotación sexual y donde fueron ocupados 800 mil dólares en efectivo, 11 millones de pesos y vehículos de lujo.
Por ese caso se encuentran en prisión con medidas de coerción, Juan Fernández, Grismelda Acarilis Merejo y el venezolano Jolvert José Ramírez, mientras que María Magdalena Batista y Jairo Rafael Correa, se le impuso garantía económica de dos millones de pesos.
